El Canal de Panamá limita aún más el paso de buques por la sequía y crecen las tensiones sobre el control del puerto de Chancay en Perú, mientras avanzan inversiones portuarias en Brasil y Uruguay.
La administración del Canal de Panamá anunció nuevas restricciones al tránsito de buques debido a la sequía causada por el fenómeno de El Niño, que ha reducido los niveles de agua en los lagos artificiales que alimentan la vía. Desde el 4 de septiembre de 2026, el límite diario de tránsitos bajó a 34, y desde el 15 de septiembre se fijó en 32 tránsitos por día, según comunicados oficiales y reportes del sector marítimo. Además, se establecieron cupos diferenciados: 23 tránsitos diarios para buques Panamax y 9 para Neopanamax, una reducción considerable respecto a los niveles previos a la crisis hídrica.
El proyecto de presupuesto presentado ante la Asamblea Legislativa prevé un promedio de 29,5 tránsitos diarios para el próximo año fiscal, menos que los 32 actuales y lejos de los 36 permitidos antes de septiembre de 2025. La medida responde a la falta de lluvias y a la necesidad de cuidar el recurso hídrico, en un contexto en el que El Niño fue calificado como el más intenso registrado en el país. La administración del canal insiste en que estas restricciones son necesarias para evitar una mayor caída en los niveles de agua y mantener la operatividad del canal.
Al 20 de septiembre de 2026, medios marítimos independientes ya consideraban vigente el régimen de 32 tránsitos diarios "hasta nuevo aviso", sin señales de que se vayan a flexibilizar pronto. La situación preocupa al comercio internacional, ya que el canal es clave para las rutas entre Asia y la costa este de América.
En Perú, el puerto de Chancay volvió a estar en el centro de la agenda internacional tras las críticas del senador estadounidense Marco Rubio, quien cuestionó la influencia china en la infraestructura estratégica del país. Rubio afirmó que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino "pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos". El conflicto tiene antecedentes judiciales: en febrero de 2026, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima había limitado las facultades de fiscalización de Ositran sobre el puerto, decisión luego revocada por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos ya había advertido que "el dinero barato de China cuesta soberanía", reflejando la preocupación por la posible pérdida de control estatal sobre una infraestructura clave para el comercio exterior peruano. La controversia sobre la supervisión y el alcance regulatorio en Chancay fue abordada en un análisis previo de Agencia La Provincia.
Inversiones portuarias en Brasil y Uruguay
En Brasil, la empresa CMPC obtuvo la cesión de un área federal de 412.500 m² en el Puerto de Rio Grande, en el estado de Rio Grande do Sul, para instalar el Terminal Rio Grande do Sul S.A., destinado al movimiento de celulosa. El contrato, con vigencia de 25 años y posibilidad de prórroga, habilita una inversión estimada en 292 millones de dólares y prevé una capacidad de hasta 9 millones de toneladas anuales. El proyecto forma parte del megaproyecto Natureza de CMPC, que incluye una planta de celulosa en Barra do Ribeiro y la infraestructura logística asociada. La operación estará a cargo de Sagres, mientras que el desarrollo será realizado por una empresa conjunta entre CMPC y Neltume Ports.
En Uruguay, el ferry eléctrico China Zorrilla llegó al Puerto de Nueva Palmira tras 43 días de viaje desde Australia. Con 130 metros de eslora y capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, la nave fue trasladada en el carguero Black Marlin y luego remolcada hasta el Puerto de Colonia, donde se sumó a la flota de Buquebus para cubrir la ruta con Buenos Aires.
Movimientos en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador
La Vía Navegable Troncal de Argentina inició una nueva concesión bajo la gestión de Vía Navegable Argentina (VNA), que anunció una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje, de 4,30 a 3,80 dólares, lo que podría generar un ahorro logístico anual de entre 375 y 456 millones de dólares para el sector agroexportador. El corredor fluvial concentra cerca de 60 terminales y canaliza el 80% de las exportaciones argentinas, con mejoras previstas en dragado, señalización y ampliación.
En Chile, la Fiscalía Nacional Económica abrió una investigación sobre la adquisición de ZIM Integrated Shipping Services por parte de Hapag-Lloyd, donde la chilena Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) posee el 30% de las acciones. El proceso responde a la normativa sobre operaciones de concentración y considera la presencia de Hanseatic Global Terminals en varios puertos chilenos.
Colombia registró un crecimiento del 6,8% en la carga movilizada por sus puertos en el primer semestre de 2026, con 66.049.000 toneladas tratadas según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cartagena, Santa Marta y Buenaventura concentraron el 76,9% del total, aunque el sector aún no recupera los niveles máximos de 2024.
En Ecuador, el Puerto de Manta alcanzó un nuevo récord al descargar 5.335 vehículos de un solo buque, el MN Kang Qian Kou, de la naviera Cosco Shipping Specialized Carriers, que llegó desde Shanghai. Es la mayor operación desde que Terminal Portuario de Manta asumió la administración en 2017.
Preocupación internacional por la seguridad marítima
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reiteró su preocupación por el aumento de amenazas a la navegación en el estrecho de Ormuz, tras ataques recientes a buques mercantes y advertencias sobre posibles agresiones a infraestructura marítima y energética. Guterres pidió restablecer y respetar plenamente los derechos de navegación conforme al derecho internacional y llamó a las partes a ejercer máxima moderación. El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, también instó a los Estados a evitar acciones que pongan en riesgo a buques y tripulaciones, advirtiendo sobre las consecuencias de las tensiones geopolíticas para el transporte marítimo.
El funcionamiento del Canal de Panamá depende del agua de lluvia almacenada en los lagos Gatún y Alhajuela, que alimentan las esclusas y permiten el paso de los buques. Las restricciones al tránsito se aplican cuando los niveles de agua bajan de los parámetros operativos, como ocurre durante fenómenos climáticos como El Niño. La administración del canal ajusta la cantidad de tránsitos y el calado permitido para preservar la operatividad y la seguridad de la vía, lo que puede afectar los costos logísticos y la programación de las rutas marítimas internacionales.
