Cosco Shipping, operadora del Puerto de Chancay, sostiene que la intervención de Ositrán podría elevar los costos de importación en Perú y anuncia que seguirá cuestionando el alcance regulatorio sobre la terminal privada.
La disputa por el control regulatorio del Puerto de Chancay se intensificó en las últimas semanas. Cosco Shipping Ports advirtió que la supervisión de Ositrán podría traducirse en un aumento directo de los costos para importadores y consumidores peruanos. La empresa, que opera el megapuerto al norte de Lima, sostiene que la intervención del regulador no tiene sustento legal en el caso de infraestructura privada y que podría encarecer hasta un 1% el valor de todas las importaciones y exportaciones que pasen por la terminal.
Argumentos de Cosco Shipping
En ExpoMina 2026, José Ignacio de Romaña, director de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, recalcó que el puerto fue construido con capital privado y que, según su interpretación, Ositrán solo debería supervisar activos estatales concesionados. De Romaña afirmó que la competencia entre el Puerto de Chancay y el Puerto del Callao impide que el regulador justifique su intervención por monopolio o posición dominante.
El directivo explicó que, antes de la apertura de Chancay, muchas empresas importaban insumos por el Callao y luego los trasladaban a otras regiones, como Huaral. Ahora, parte de esa carga se redirige a Chancay, lo que, según la empresa, muestra que existen alternativas logísticas en el corredor central del país.
El caso del Puerto de Chancay sigue sin resolverse y actualmente está bajo revisión del Tribunal Constitucional del Perú, lo que mantiene en suspenso la definición sobre el alcance de la supervisión estatal en esta infraestructura estratégica. - RCR Perú
Impacto económico y advertencias
Cosco Shipping sostiene que la aplicación de la tasa regulatoria de Ositrán, que puede llegar al 1% de las ventas, supondría un sobrecosto para los importadores y exportadores que usan el puerto. Según la empresa, este incremento se trasladaría a los precios finales para los consumidores peruanos y afectaría la competitividad y el acceso a bienes importados.
La compañía anunció que seguirá presentando objeciones formales ante las autoridades y que insistirá en respetar el marco legal vigente para infraestructura privada. Mientras tanto, la expansión del Puerto de Chancay continúa: en 2025, la terminal movilizó 342.000 contenedores y 1,2 millones de toneladas de carga suelta, y se proyecta alcanzar los 500.000 contenedores para fines de 2026. Cuando el movimiento anual llegue al millón de contenedores, Cosco Shipping prevé activar la segunda etapa de ampliación, que sumaría 11 amarraderos a los 4 actuales.
Infraestructura y conectividad
El crecimiento del Puerto de Chancay no implica necesariamente una reducción de la actividad en el Callao, según Cosco Shipping. De Romaña señaló que ambos puertos muestran incrementos en el movimiento de carga, lo que atribuyó a una expansión general de la economía peruana. Sin embargo, advirtió que el desarrollo portuario debe ir acompañado de nuevas vías de comunicación que conecten la terminal con otras zonas productivas del país.
Entre las propuestas mencionadas está la construcción de un tren que una Tumbes con Tacna y otro corredor ferroviario hacia Brasil, con el objetivo de aprovechar el potencial logístico de la sierra y la selva peruana. Estas iniciativas, aún en etapa de idea, buscan ampliar la integración territorial y facilitar el acceso a mercados regionales.
Contexto regulatorio y antecedentes
La controversia entre Cosco Shipping y Ositrán forma parte de un debate más amplio sobre el alcance de la regulación estatal en infraestructuras financiadas con capital privado. Mientras la empresa defiende la autonomía de gestión en ausencia de posición dominante, el regulador sostiene que su intervención es necesaria para garantizar condiciones de competencia y transparencia en el sector portuario. El caso ha generado atención internacional, especialmente tras los cuestionamientos de Estados Unidos a la inversión china en el megapuerto, como se detalló en un análisis previo de Agencia La Provincia.
En Perú, la supervisión de infraestructuras de transporte de uso público corresponde a Ositrán, que regula tanto activos estatales concesionados como, en ciertos casos, terminales privados cuando existe riesgo de prácticas anticompetitivas. La discusión sobre el Puerto de Chancay pone en primer plano la diferencia entre concesión y propiedad privada, así como el impacto de la regulación en los costos logísticos y la integración regional. El desenlace de este conflicto sentará un precedente para futuras inversiones en infraestructura portuaria en el país. El proyecto Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 y ubicado a unos 80 km al norte de Lima, representa una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares, con participación mayoritaria de Cosco Shipping (60%) y la peruana Volcan (40%), según informes internacionales.
