El Puerto de Chancay en Perú se convirtió en eje de la competencia entre Estados Unidos y China tras la visita de Marco Rubio y la respuesta oficial de la Embajada de China sobre las inversiones en infraestructura portuaria
El Puerto de Chancay, en la costa central de Perú, volvió a estar en el centro de la atención internacional tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Su paso por Lima, después de visitar Colombia y Ecuador, incluyó reuniones con autoridades peruanas y declaraciones públicas que pusieron en duda la transparencia y el impacto de las inversiones chinas en sectores estratégicos del país.
Declaraciones cruzadas y tensiones diplomáticas
Días antes de su llegada, Rubio publicó una columna en El Comercio donde advirtió que, según su perspectiva, las inversiones chinas eluden los marcos legales peruanos y representan riesgos para la seguridad de los datos y la soberanía nacional. Rubio defendió que el sector privado estadounidense ofrece inversiones abiertas y transparentes, en contraste con lo que describió como un patrón de endeudamiento y vigilancia de empresas estatales extranjeras. La Embajada de China en Perú respondió con un comunicado defendiendo la legalidad y transparencia de sus inversiones, que según cifras oficiales superan los 30 mil millones de dólares, y negó que hayan generado deuda para el Estado peruano. Además, la embajada subrayó que todos los proyectos se realizan "transparent and according to law" y que no han creado "ni un solo centavo de deuda" para Perú.
El trasfondo judicial y la supervisión estatal
El conflicto no se limita a lo diplomático. En febrero de 2026, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima dictó una resolución que limitaba las facultades de fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el Puerto de Chancay, tras un reclamo de Cosco Shipping Ports Chancay S.A., la empresa china a cargo del proyecto. Sin embargo, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó esa decisión y restableció la capacidad de control estatal sobre la terminal portuaria. Este proceso judicial mostró la dificultad de regular inversiones extranjeras en infraestructuras estratégicas y reabrió el debate sobre el alcance de la soberanía nacional en la gestión de activos clave.
El puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 y ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, es uno de los proyectos logísticos más relevantes de la región, con una inversión estimada de 1.300 millones de dólares y una participación accionaria de 60% para Cosco Shipping y 40% para Volcan. Según informes recientes, el puerto ya está operativo y se considera un símbolo del peso económico de China en Perú. A pesar de la presión internacional, las autoridades peruanas insisten en que el Estado mantiene funciones de control dentro del terminal, a través de entidades como la Policía Nacional, la Capitanía de Puerto, la APN, Senasa y Serfor, que supervisan el cumplimiento de la normativa nacional.
Por el momento, el conflicto en torno a Chancay no ha sido resuelto: según reportes citados por Reuters, Cosco Shipping continúa impugnando la supervisión de Ositran, y la Corte Suprema/Constitucional de Perú aún no ha emitido un fallo definitivo sobre las competencias regulatorias.
Fuente
Impacto en la política peruana y regional
La presidenta Keiko Fujimori recibió a Marco Rubio en la Casa de Pizarro, donde fue consultada sobre la posibilidad de fortalecer la cooperación con Estados Unidos pese a la fuerte presencia china en sectores como el portuario. Aunque evitó una respuesta directa sobre el equilibrio entre ambos socios, la mandataria afirmó que se inicia una nueva etapa en la relación bilateral, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y de seguridad. La discusión sobre el Puerto de Chancay no solo involucra a Perú, sino que forma parte de una competencia más amplia por la influencia en Sudamérica, donde la infraestructura logística y portuaria se ha convertido en un terreno de disputa entre potencias globales. En este contexto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos reiteró que el "dinero barato de China cuesta soberanía", mientras que la Embajada de China insistió en que todas las inversiones deben regirse por la jurisdicción peruana y cumplir los mismos estándares de transparencia.
Antecedentes y perspectivas abiertas
El caso del Puerto de Chancay ya había sido analizado en informes previos, donde se detalló la defensa pública de Cosco Shipping frente a los cuestionamientos estadounidenses. La magnitud de la inversión y la ubicación estratégica del puerto, proyectado como un nodo clave para el comercio transpacífico, explican el interés de ambos países en influir sobre su regulación y operación. Por ahora, la continuidad de la supervisión estatal y la transparencia de los contratos siguen bajo observación, mientras el gobierno peruano busca equilibrar la captación de capital extranjero con la preservación de su autonomía institucional.
En el derecho peruano, la fiscalización de obras y servicios públicos corresponde a organismos reguladores como Ositran, que deben garantizar el cumplimiento de los contratos y la protección del interés público. Las resoluciones judiciales pueden limitar o restituir estas facultades, pero no eliminan la obligación de transparencia y control estatal sobre infraestructuras estratégicas. La discusión sobre el Puerto de Chancay muestra los desafíos de atraer inversiones internacionales y, al mismo tiempo, defender la soberanía y la regulación efectiva en sectores sensibles para el desarrollo nacional.
