El director de Cosco Shipping Ports Chancay respondió a los cuestionamientos de Estados Unidos sobre la inversión china en el megapuerto peruano y sugirió que el país norteamericano podría apostar por otros proyectos portuarios en Perú
La controversia por la participación de capitales chinos en el Puerto de Chancay sumó un nuevo capítulo tras la respuesta pública de Cosco Shipping Ports Chancay a las objeciones planteadas por el Gobierno de Estados Unidos. La empresa, a cargo de la construcción y futura operación del megapuerto ubicado en la costa central de Perú, rechazó que la inversión implique una pérdida de soberanía para el Estado peruano y planteó que la competencia internacional debería resolverse a través de mayores inversiones y no de advertencias diplomáticas.
Declaraciones de Cosco Shipping
Durante su intervención en ExpoMina 2026, José Ignacio de Romaña, director de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, sostuvo que Estados Unidos, en lugar de expresar preocupación por la presencia de capital chino en el sector portuario, podría considerar invertir en el desarrollo del puerto de Corío, otro proyecto estratégico en el sur del país. De Romaña remarcó que la economía peruana se beneficiaría de una mayor diversidad de inversiones extranjeras y que la apertura del mercado requiere incentivos claros para atraer empresas de distintas procedencias.
El directivo también señaló que la generación de empleo y la dinamización económica regional son factores clave para abordar desafíos sociales como la migración, y subrayó que la migración hacia Estados Unidos responde a la búsqueda de mejores oportunidades, un fenómeno que podría atenuarse si Sudamérica logra fortalecer su desarrollo productivo.
Respuesta a las preocupaciones sobre soberanía
Cosco Shipping rechazó las interpretaciones que asocian la inversión en Chancay con una cesión de control estatal. Según la empresa, las instituciones peruanas mantienen sus funciones y competencias dentro del puerto, incluyendo la presencia de la Policía Nacional, la Capitanía de Puerto, la Autoridad Portuaria Nacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. De Romaña afirmó que la operación del terminal se realiza bajo la regulación y supervisión de los organismos públicos correspondientes.
Hasta el momento, no existen documentos oficiales que indiquen una modificación en el marco normativo vigente ni en la estructura de control estatal sobre el puerto. Las declaraciones de Cosco Shipping se produjeron en un contexto de creciente atención internacional sobre las inversiones chinas en infraestructura estratégica en América Latina.
Incentivos y competencia internacional
El director de Cosco Shipping Ports Chancay Perú propuso que las autoridades peruanas evalúen la implementación de beneficios tributarios y facilidades administrativas para estimular la llegada de empresas estadounidenses y de otros países. Según su visión, la competencia entre capitales internacionales puede traducirse en mejores condiciones para el desarrollo portuario y logístico del país, siempre que se respeten las reglas del libre mercado y la soberanía nacional.
La sugerencia de apostar por el puerto de Corío como alternativa para la inversión estadounidense fue interpretada como un llamado a diversificar la matriz de inversiones y a evitar la concentración de intereses en un solo proyecto. Sin embargo, hasta la fecha, no se han anunciado compromisos concretos de inversión por parte de empresas estadounidenses en nuevos puertos peruanos.
Contexto institucional y regional
El Puerto de Chancay es una de las principales obras de infraestructura en ejecución en Perú y se proyecta como un nodo logístico clave para el comercio entre Sudamérica y Asia. La participación de Cosco Shipping, empresa estatal china, ha generado debates sobre el alcance de la influencia extranjera en sectores estratégicos y sobre el equilibrio entre apertura a la inversión y resguardo de la autonomía estatal.
En el sistema portuario peruano, la regulación y supervisión de las operaciones corresponde a organismos públicos nacionales, que mantienen la potestad de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas. La discusión sobre la soberanía en proyectos de infraestructura con participación extranjera suele centrarse en la capacidad efectiva del Estado para ejercer sus funciones regulatorias y en la transparencia de los acuerdos firmados.
En América Latina, la competencia por atraer inversiones en infraestructura portuaria involucra tanto a empresas estatales como privadas de distintos países, en un contexto de demanda creciente por mejorar la conectividad y la logística regional. La experiencia de Chancay será observada de cerca por otros gobiernos y actores económicos de la región.
En el ámbito portuario, la concesión de terminales a empresas extranjeras implica la transferencia temporal del derecho de explotación bajo condiciones reguladas por el Estado. La soberanía nacional se preserva a través de la legislación vigente, la fiscalización de los organismos públicos y la posibilidad de revisar o modificar los términos de la concesión en caso de incumplimiento. La transparencia en los contratos y la supervisión efectiva son elementos centrales para garantizar que la apertura a la inversión extranjera no implique una pérdida de control estatal sobre infraestructuras estratégicas.
