Aneel rechazó por tres votos contra dos el acuerdo para modificar la operación de varias térmicas de Eneva. La empresa y el Ministerio de Minas y Energía esperan ahora la posición final del Tribunal de Contas da União sobre una posible reformulación.
La Agência Nacional de Energia Elétrica rechazó la propuesta por tres votos contra dos durante una reunión administrativa realizada el 21 de septiembre de 2026. El proceso sigue en trámite ante el Tribunal de Contas da União.
El rechazo de Aneel
La resolución impide que el texto avance en los términos en que fue presentado. Por ahora, también cierra la vía que la agencia había aprobado internamente para esa redacción contractual.
El trámite sigue abierto.
Lino Cançado dijo en una entrevista con CNN que Eneva espera que el TCU devuelva su posición final al Ministerio de Minas e Energia. El ministerio también aguarda una manifestación de Vital do Rêgo Filho, presidente de la corte, antes de definir sus alternativas.
Según la información disponible, el proceso TC 021.356/2025-4 continúa en trámite. Aneel y el propio ministerio figuran como unidades jurisdicionadas. El TCU todavía no emitió una decisión final.
La discusión abarca las usinas Maranhão III, MC2 Nova Venécia 2 y Azulão II e IV. Están ubicadas en Maranhão y Amazonas. Sus contratos fijan la obligación de producir energía durante determinados períodos.
Não teve segurança em todos os benefícios apresentados. As informações disponíveis cobriam um horizonte menor do que o dos contratos, que duram entre 10 e 20 anos.
Qué buscaba modificar Eneva
Eneva propuso reducir la generación obligatoria. También buscó ampliar el margen del Operador Nacional do Sistema Elétrico para decidir cuándo activar las térmicas.
La empresa sostiene que el sistema eléctrico brasileño cambió con la expansión de las fuentes renovables. Según su argumento, ahora necesita centrales que operen durante períodos más breves y que se ajusten a la disponibilidad de otras fuentes.
Cançado explicó que el diseño original respondía sobre todo a la necesidad de asegurar generación durante el segundo semestre. Ese período coincide con una etapa más seca y con menor disponibilidad hidroeléctrica.
La compañía afirma que la inflexibilidad puede mantener el consumo de gas natural cuando se recorta la generación renovable. La propuesta no modifica nada por sí sola.
Su eventual aplicación depende de una nueva definición institucional y de la aceptación de las partes involucradas. Eneva también presentó su posición como respaldada por el ONS y por el Ministerio de Minas e Energia.
Los cálculos mencionados fueron elaborados por la Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
Marcelo Lopes afirmó que Eneva está "a disposição" para retomar las conversaciones y buscar una solución que contemple a todas las partes. El MME considera que todavía existe margen para construir un acuerdo con el TCU.
Las fuentes citadas no prevén una conclusión durante 2026.
El límite del procedimiento
La Instrução Normativa nº 91/2022 fija las reglas para los procedimientos de solución consensual del TCU. Una propuesta necesita el acuerdo de todas las partes externas para avanzar por ese canal.
También requiere la conformidad de al menos una unidad del tribunal que participe en la negociación. Con el rechazo de Aneel, el texto original no puede continuar por ese mismo rito.
Ese fue el límite.
Existe un antecedente de una salida fuera de la comisión del TCU. En abril de 2024, el tribunal archivó la negociación vinculada con usinas de Âmbar contratadas en el Procedimento de Contratação Simplificado de 2021 porque la comisión no alcanzó unanimidad.
Después, la União, Aneel y la empresa firmaron un termo de autocomposição autorizado por la Advocacia-Geral da União. En ese caso, Aneel sí había dado su consentimiento.
Ese antecedente muestra una alternativa jurídica posible, pero no garantiza que pueda aplicarse al expediente de Eneva. La diferencia central está en que el acuerdo sobre Âmbar contó con la anuencia de la agencia reguladora.
Para el caso actual no se informó una nueva fórmula ni una decisión que reemplace el rechazo registrado el 21 de septiembre. Un antecedente reciente ya había señalado que la negativa de Aneel dejaba sin efecto el consenso buscado ante el tribunal.
El costo que sigue en discusión
Aneel estimó que la flexibilización podría generar un alivio de R$ 223 millones por año para los consumidores regulados. Otras coberturas periodísticas calcularon un beneficio acumulado potencial de entre R$ 1,7 mil millones y R$ 3,2 mil millones hasta 2030.
Son proyecciones asociadas con la modificación contractual. No representan un ahorro ya concretado.
La cifra importa.
El Ministerio de Minas e Energia defendió la flexibilización con base en estudios que proyectaban un ahorro de R$ 1,7 mil millones para los consumidores del mercado regulado hasta 2030. El mismo planteo vinculó el cambio con una mejora en la operación del sistema y con una reducción de los recortes de generación renovable.
El director general de Aneel, Sandoval Feitosa, explicó que la agencia no aprobó el acuerdo porque no tuvo seguridad sobre todos los beneficios presentados. También dijo que la información disponible cubría un período menor que el de los contratos.
Esos contratos duran entre 10 y 20 años. Feitosa reclamó evaluaciones que consideren todo ese período.
La discusión reúne contratos de generación, regulación eléctrica, costos para los usuarios y seguridad operativa. El punto práctico es quién asumiría los costos y cómo se repartirían entre el mercado regulado y los demás consumidores.
Cambiar la obligación de producir puede beneficiar al sistema bajo determinadas condiciones. La propuesta también necesita precisar sus efectos.
La inflexibilidad no obliga a una usina a funcionar sin interrupción durante todo el año. Es una condición contractual que fija una cantidad o una forma mínima de generación.
Por eso limita parte de la decisión operativa del ONS. En este caso, Eneva busca modificar esa condición, pero el rechazo de Aneel demuestra que todavía no existe autorización para aplicarla.
El TCU puede ordenar el cierre del camino consensual. También puede considerar una reformulación dentro de las alternativas institucionales disponibles.
El expediente deja una cuestión concreta para el sector eléctrico. La flexibilidad de las térmicas no puede resolverse solo con una proyección de ahorro ni con el respaldo declarado por una empresa y organismos del sistema.
Mientras Aneel no adhiera a una nueva fórmula y el TCU no emita su manifestación final, la propuesta sigue en negociación. Cualquier modificación deberá preservar la operación del sistema y distribuir de manera verificable sus costos entre los consumidores involucrados.
