La presidenta de Ositrán expuso en el Senado de Perú sobre la regulación del puerto de Chancay y la Tarifa Única de Uso Aeroportuario, en medio de cuestionamientos por el impacto en pasajeros y la supervisión de servicios clave
La controversia por la regulación del puerto de Chancay y el impacto de la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) en el principal aeropuerto del país dominaron la agenda cuando Verónica Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de Ositrán, compareció ante la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado. La funcionaria debió responder a inquietudes sobre la caída del flujo de pasajeros internacionales y la capacidad del organismo para supervisar servicios estratégicos en un contexto de cambios regulatorios y desafíos operativos.
Debate por la regulación portuaria y aeroportuaria
Durante la sesión, Zambrano fue consultada sobre la disputa en torno a la potestad regulatoria del puerto de Chancay, en el marco de la relación entre Ositrán y la empresa Cosco Shipping. El organismo sostiene que su intervención es necesaria para garantizar condiciones de competencia y transparencia en la operación portuaria, mientras que la empresa ha planteado objeciones sobre el alcance de esa supervisión. La discusión se produce en un momento clave para la infraestructura logística del país, con inversiones en curso y expectativas de crecimiento en el comercio exterior.
En paralelo, la aplicación de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generó preocupación por su efecto sobre los pasajeros en tránsito internacional. Según datos presentados en la comisión, el flujo de pasajeros en el principal terminal aéreo habría caído un 21 %, lo que llevó a legisladores a exigir una evaluación del impacto real de la tarifa sobre el turismo y la conectividad aérea. Zambrano defendió la necesidad de revisar periódicamente los criterios tarifarios para evitar distorsiones que perjudiquen la competitividad del sector.
Supervisión de peajes y condiciones laborales
La agenda de Ositrán también incluyó la regulación y el cobro de peajes en las principales rutas del país, un tema que afecta directamente a los usuarios y que forma parte de la supervisión regular del organismo. Legisladores solicitaron precisiones sobre los mecanismos de control y la transparencia en la fijación de tarifas, en un contexto de demandas sociales por la calidad y el costo de los servicios viales.
El senador José Arista, de Fuerza Popular, introdujo un eje inesperado al cuestionar las condiciones de trabajo remoto dentro de Ositrán. Planteó dudas sobre la presencia de empleados que desempeñan funciones desde el extranjero, en particular desde Europa, y pidió explicaciones sobre la coordinación y el control de tareas en esas circunstancias. Zambrano reconoció la existencia de modalidades no presenciales, pero aseguró que se cumplen los estándares de supervisión y resultados exigidos por la normativa vigente.
Infraestructura ante emergencias y coordinación institucional
La secretaria de la comisión, Patricia Iturregui, interrogó sobre la capacidad de respuesta de Ositrán frente a emergencias derivadas de fenómenos naturales, como un eventual fenómeno de El Niño. Consultó si el organismo cuenta con planes para garantizar la transitabilidad en caso de destrucción total de una carretera y qué entidad sería responsable de diseñar y ejecutar alternativas para evitar el aislamiento de comunidades. Zambrano explicó que Ositrán coordina con los sectores competentes y que la continuidad de los servicios depende de la articulación entre organismos reguladores, concesionarios y autoridades sectoriales.
Los integrantes de la comisión remarcaron la importancia de fortalecer la supervisión y la regulación de las infraestructuras de transporte, así como de asegurar que las decisiones regulatorias respondan al interés de los usuarios y al desarrollo económico. También subrayaron la necesidad de mantener una coordinación permanente entre Ositrán y los distintos niveles del Estado, especialmente ante situaciones que puedan comprometer la conectividad nacional.
Contexto regional y antecedentes recientes
La discusión sobre la regulación de servicios públicos y la supervisión de infraestructuras estratégicas no es exclusiva de Perú. En otros países de la región, los organismos reguladores han enfrentado cuestionamientos similares sobre su capacidad de control y la transparencia en la toma de decisiones, como se reflejó en reportes recientes sobre la reorganización de servicios en Colombia. Estos antecedentes muestran que la legitimidad y la eficacia de los entes reguladores dependen tanto de su autonomía como de la calidad de sus intervenciones y la rendición de cuentas ante el Congreso y la sociedad.
La Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) es un cargo que se aplica a los pasajeros por el uso de la infraestructura aeroportuaria y los servicios asociados. En Perú, su monto y alcance son definidos por la autoridad regulatoria y pueden variar según el tipo de vuelo y la condición del pasajero (salida, llegada o tránsito). La revisión de la TUUA suele formar parte de los debates sobre competitividad y acceso al transporte aéreo, ya que incide directamente en el costo final de los pasajes y en la decisión de las aerolíneas de operar rutas internacionales. La transparencia en la fijación de tarifas y la evaluación periódica de su impacto son aspectos centrales para garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad de los servicios y el interés de los usuarios.
