El Tribunal de Contas da União pidió a los reguladores brasileños un cronograma urgente para actualizar la normativa sobre el uso compartido de postes eléctricos, ante el aumento de costos y la falta de seguridad jurídica para los pequeños prestadores.
La falta de reglas claras sobre el uso compartido de postes eléctricos en Brasil volvió a ser tema central tras la intervención directa del Tribunal de Contas da União (TCU). El organismo exigió a la Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) y a la Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que definan plazos concretos para revisar y actualizar la normativa, advirtiendo que la demora genera inseguridad jurídica y eleva los costos para los prestadores de telecomunicaciones más pequeños.
Reclamo del TCU y auditoría oficial
El 16 de septiembre de 2026, el TCU aprobó por unanimidad el Acórdão 2553/2026, ordenando a Anatel y Aneel acelerar la revisión de las reglas de compartición de postes con un cronograma definido. Esta decisión surge de una auditoría sobre el "Custo Brasil", que identificó que la demora regulatoria mantiene la inseguridad jurídica y puede poner en riesgo la operación de prestadoras de pequeño porte (PPPs), especialmente en zonas rurales y urbanas con distintas demandas.
El tribunal también pidió crear una metodología de cálculo y un precio de referencia que contemple las particularidades territoriales, para corregir la dispersión de precios por punto de fijación en los postes. La falta de una norma uniforme ha impulsado la judicialización y generado diferencias de cobro que afectan sobre todo a los pequeños proveedores de internet, que tienen menos capacidad de negociación frente a las grandes distribuidoras de energía.
En el contexto sectorial más reciente, el tema sigue pendiente en la agenda regulatoria: el 15 de septiembre de 2026 se informó que Anatel esperaba una decisión de Aneel para destrabar el conflicto sobre postes, lo que muestra la urgencia de una resolución conjunta.
El TCU recomendó procedimientos de conciliación para disputas entre agentes, mecanismos para promover competencia en el uso de la infraestructura y un régimen de transición que preserve la seguridad jurídica hasta la entrada en vigor de nuevas reglas.
Impacto en prestadores y costos
La falta de actualización de la resolución conjunta entre los reguladores ha llevado a más juicios y a un aumento de los costos operativos para las prestadoras de pequeño porte. El informe de la auditoría destaca que la variabilidad de precios y la ausencia de estándares claros afectan la viabilidad de los operadores más chicos, que suelen tener menos margen para negociar con las grandes distribuidoras de energía.
Además de los problemas con los postes, el TCU identificó otros factores que inciden en el llamado "Custo Brasil" para el sector de telecomunicaciones. Entre ellos, el avance de delitos contra la infraestructura, la presencia de organizaciones criminales en mercados locales, la competencia desleal de proveedores clandestinos, las dificultades de acceso al crédito y la fragmentación de las políticas públicas orientadas al sector.
Recomendaciones para el Ministerio de las Comunicaciones
El Tribunal también recomendó al Ministerio de las Comunicaciones definir metas e indicadores para los programas de financiamiento vinculados al Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust). Entre las sugerencias, se incluye el seguimiento de la tasa de morosidad y la ampliación de la difusión de las líneas de crédito disponibles, para facilitar el acceso de los prestadores más pequeños a recursos para inversión y expansión de servicios.
La preocupación por la falta de reglas claras en la infraestructura de servicios públicos no es exclusiva de las telecomunicaciones. En otros sectores, como el financiero y portuario, organismos de control han advertido sobre el impacto de la regulación y la necesidad de criterios transparentes, como se reflejó en un análisis reciente sobre la supervisión estatal en terminales portuarias.
Desafíos regulatorios y próximos pasos
La resolución del TCU obliga a Anatel y Aneel a coordinarse para evitar que la falta de definición normativa siga afectando la competencia y la expansión de la conectividad en Brasil. El establecimiento de un cronograma y la definición de criterios objetivos son condiciones necesarias para reducir la judicialización y dar previsibilidad a los actores del sector. Hasta ahora, no se han anunciado fechas concretas para la finalización del proceso de revisión ni detalles sobre la implementación de las recomendaciones.
En Brasil, la revisión de normas regulatorias suele requerir resoluciones conjuntas, consultas públicas y coordinación entre organismos con competencias distintas. La seguridad jurídica en el uso de infraestructura compartida es clave para la expansión de servicios como la conectividad, pero depende de la capacidad de los reguladores para consensuar criterios técnicos y procedimientos de aplicación. La experiencia reciente muestra que la demora en estos procesos puede afectar la inversión, la competencia y el acceso a servicios en todo el país.
