El legislador de Juntos por el Perú permanece en una comisaría de San Miguel, Lima, luego de ser denunciado por presunta agresión física a su expareja. El caso está bajo investigación policial y judicial.
El diputado Julián Pérez Mallqui, integrante de Juntos por el Perú, fue detenido el 29 de julio de 2026 en la ciudad de Lima, Perú, tras una denuncia por presunta agresión física a su expareja. El hecho ocurrió en el distrito de San Miguel, donde la Policía Nacional intervino luego de recibir el llamado de la presunta víctima. Tanto el legislador como la denunciante permanecen en la comisaría local mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Intervención policial y procedimiento
Según la información oficial, la intervención se produjo en un departamento ubicado en el jirón Manco Segundo, en San Miguel. La denuncia fue realizada por la expareja del diputado, quien alertó a la Policía Nacional y al Serenazgo del distrito. El procedimiento incluyó la detención en flagrancia de Pérez Mallqui, quien fue trasladado a la dependencia policial para la toma de declaraciones y la realización de exámenes médicos legales, tanto para él como para la denunciante.
Participación de organismos y medidas de protección
Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se presentó en la comisaría para brindar acompañamiento a la presunta víctima, conforme al protocolo vigente en casos de violencia familiar. Las autoridades informaron que ambas partes serán sometidas a peritajes médicos y que la investigación continuará bajo la supervisión de la fiscalía competente. El proceso busca esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Implicancias institucionales y antecedentes
El caso de Julián Pérez Mallqui tiene repercusiones en el ámbito parlamentario. De acuerdo con especialistas en derecho parlamentario, la detención en flagrancia permite que un juez evalúe la posibilidad de dictar prisión preventiva, dependiendo de los elementos reunidos por la fiscalía. En este contexto, la inmunidad parlamentaria no resulta aplicable, ya que se trata de un presunto delito común. Si se dictara prisión preventiva por más de 120 días, el Congreso podría suspender al diputado y designar a su reemplazante. Además, la Comisión de Ética del Congreso deberá analizar el caso y podría disponer una suspensión temporal del legislador.
En el sistema judicial peruano, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Esto implica que toda persona denunciada o investigada por un delito mantiene sus derechos hasta que exista una sentencia firme. Las medidas cautelares, como la prisión preventiva, solo pueden aplicarse bajo condiciones específicas y con control judicial. La inmunidad parlamentaria protege a los legisladores en el ejercicio de sus funciones, pero no cubre delitos comunes cometidos fuera de ese ámbito.
