El gobierno chileno presentó en Londres nuevas medidas para atraer capital privado al litio y fortalecer la colaboración público-privada en cobre, buscando impulsar la producción y el empleo en la minería.
El gobierno de Chile presentó en Londres una estrategia para reactivar la minería del litio y revertir el estancamiento en la producción de cobre, dos sectores clave para la economía del país. El ministro de Minería y Economía, Daniel Mas, expuso ante inversores y empresas internacionales la decisión de facilitar la entrada de capital privado y ampliar las alianzas público-privadas, en un contexto de creciente demanda global por minerales estratégicos.
Medidas para atraer inversión
Entre las acciones anunciadas, el gobierno reingresó dos solicitudes de contratos especiales de operación de litio (CEOL) a la Contraloría y anticipó que otras tres serán presentadas próximamente. Una de estas iniciativas corresponde a CleanTech Lithium y su proyecto Laguna Verde, con una inversión estimada de 748 millones de dólares, gestionada a través de Atacama Salt Lakes. CleanTech Lithium confirmó que ya acordó los términos contractuales del CEOL con el Ministerio de Minería para Laguna Verde, aunque la ratificación final aún está pendiente, según lo informado tras su asamblea anual del 11 de septiembre de 2026. Además, la empresa identifica a Chile como jurisdicción clave para sus proyectos Laguna Verde, Viento Andino y el exploratorio Arenas Blancas en el área del Salar de Atacama.
Otra solicitud involucra a Salar de Ascotán, impulsada por Minera Ascotán, una empresa conjunta entre la estatal Codelco y Quiborax. En agosto, Quiborax recibió el primer CEOL de la actual administración para un proyecto de 70 millones de dólares orientado a recuperar litio desde residuos mineros. Este permiso permite procesar y vender hasta 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) o hasta el 31 de diciembre de 2046, lo que ocurra primero, sobre un volumen estimado de 19.775 toneladas de LCE en relaves históricos.
El ministro Mas señaló que la estrategia busca dar certeza jurídica y ofrecer incentivos tributarios para captar inversiones a largo plazo. Entre los incentivos, destacó la Ley de Reconstrucción, ya aprobada, que establece la invariabilidad tributaria para proyectos de gran escala y una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%. Además, se impulsa una reforma del Mercado de Capitales para facilitar el financiamiento de empresas junior y se proponen cambios en el sistema de patentes mineras para beneficiar a la pequeña minería. Paralelamente, el Senado aprobó el 9 de septiembre de 2026 una reforma para simplificar el régimen de concesiones mineras, con plazo para enmiendas hasta el 28 de septiembre. Esta reforma propone una tasa fija de 0,1 UTM por hectárea al año para concesiones activas y 0,4 UTM para inactivas, junto a un crédito fiscal del 35% para inversiones en minería junior y mecanismos para transferir costos de exploración greenfield a los inversores.
En Chile, el CEOL es un permiso estatal obligatorio para la exploración y explotación de litio, declarado mineral estratégico desde 1979. El reciente otorgamiento del primer CEOL a Quiborax marca un hito en la política minera nacional. (Reuters)
Alianzas público-privadas y rol de Codelco
El modelo de alianzas entre la estatal Codelco y empresas privadas fue señalado como un eje a profundizar. Actualmente, Codelco mantiene acuerdos con compañías como Freeport, Teck, SQM, Anglo y Rio Tinto. Según Mas, la complementariedad entre la empresa estatal y el capital privado es vista como una vía para potenciar la producción y la innovación en el sector. El gobierno busca replicar y ampliar este tipo de esquemas en los próximos meses.
En paralelo, avanza la modernización regulatoria. De los 400 permisos requeridos para operar en minería, 50 ya fueron reemplazados por declaraciones juradas y se espera que a fin de año esa cifra llegue a 90. También se anunció la eliminación de 40 permisos vinculados a tributación, con el objetivo de simplificar trámites y reducir tiempos administrativos.
Producción de cobre y expectativas
Chile mantiene desde hace años una producción de cobre cercana a los 5,5 millones de toneladas anuales, pero se proyecta una baja del 7% para 2026. En julio de 2026, la producción de Codelco cayó un 5% interanual hasta 112.800 toneladas, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), lo que refuerza la urgencia de buscar nuevas alianzas para aumentar la producción. Frente a este escenario, el gobierno plantea como meta superar los 6 millones de toneladas en el corto plazo. El ministro Mas indicó que el 63% de la inversión ingresada a evaluación ambiental en lo que va del año corresponde a proyectos mineros, lo que considera un indicio de recuperación de la confianza inversora.
Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Minera de Antofagasta, valoró los esfuerzos para reactivar la exploración y señaló que durante los últimos 15 años la actividad exploratoria estuvo mayormente en manos de pequeños mineros debido a la desconfianza de las grandes empresas. Céspedes consideró que los cambios regulatorios pueden favorecer al sector en un contexto de fuerte demanda internacional por cobre y litio.
Impacto económico y contexto regional
La minería representa más del 50% de las exportaciones totales de Chile, lo que da a las decisiones sobre litio y cobre un peso central en la economía nacional. El contexto internacional, marcado por la transición tecnológica y la demanda de minerales críticos, refuerza la urgencia de captar inversiones y modernizar el marco regulatorio. En este sentido, la experiencia chilena se suma a otros procesos de apertura y negociación en el sector energético regional, como se analizó en un reciente informe sobre la expansión de empresas estatales en América del Sur.
La evaluación ambiental es un procedimiento administrativo obligatorio en Chile para proyectos que puedan generar impactos significativos sobre el ambiente o la salud de la población. Este proceso, regulado por la legislación nacional, exige la presentación de estudios técnicos y la consulta a organismos sectoriales, y constituye una condición previa para la aprobación de inversiones mineras de gran escala. La agilización de estos trámites, junto con la reducción de permisos y la introducción de incentivos tributarios, busca equilibrar la protección ambiental con la necesidad de dinamizar la economía y generar empleo en el sector.
