La petrolera estatal colombiana aún no recibe la licencia estadounidense necesaria para entrar en el negocio petrolero venezolano, mientras el nuevo acuerdo entre Caracas y Washington cambia el panorama energético regional.
Ecopetrol, la petrolera estatal de Colombia, sigue a la espera de una decisión clave: la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para operar en campos petroleros de Venezuela. Mientras compañías como BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom y Repsol ya cuentan con la licencia GL 50C, la empresa colombiana enfrenta retrasos que limitan su capacidad de sumarse al nuevo esquema de explotación de hidrocarburos en el país vecino. Incluso para las firmas que ya tienen permiso, la puesta en marcha de proyectos depende de condiciones y autorizaciones adicionales, según los últimos análisis regulatorios.
El acuerdo entre Caracas y Washington
En enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la instalación de un gobierno interino en Caracas, Venezuela aprobó una nueva ley de hidrocarburos que permitió el regreso de operadores extranjeros. El acuerdo más reciente establece que Estados Unidos controlará el 55% de la explotación de diecisiete campos petroleros, ocho bloques de la Faja del Orinoco y zonas del Lago de Maracaibo, lo que suma cerca de 65.000 millones de barriles, según cifras oficiales venezolanas y reportes internacionales. El pacto, anunciado por la presidenta interina Delcy Rodríguez y el presidente Donald Trump, prevé inversiones por 100.000 millones de dólares y pagos en regalías e impuestos por 209.300 millones en 25 años.
Sin embargo, la legitimidad del gobierno interino venezolano sigue siendo un tema abierto: no fue electo y aún no hay fecha para elecciones. Esta falta de institucionalidad genera dudas sobre la estabilidad de los acuerdos y la posibilidad de sumar nuevos actores. La presencia estadounidense ofrece cierta garantía jurídica, pero no resuelve el déficit democrático. Además, tras el alivio de sanciones en febrero de 2026, la OFAC emitió las licencias GL 49 y GL 50, que permiten negociar inversiones, aunque la ejecución total de contratos sigue sujeta a permisos adicionales.
Colombia y la urgencia energética
Por las condiciones del régimen actualizado, las operaciones con petróleo y petroquímicos venezolanos solo se permiten bajo licencias de la OFAC, y los contratos deben cumplir restricciones de pagos y participación de empresas vinculadas a ciertos países; los parámetros de estas licencias han cambiado varias veces en 2026.
La refinería de Reficar, en Cartagena de Indias, fue diseñada para procesar crudo pesado de la Faja del Orinoco y opera entre 165.000 y 200.000 barriles diarios. Esta infraestructura coloca a Ecopetrol en una posición estratégica para aprovechar el nuevo escenario venezolano, siempre que obtenga la licencia estadounidense. Además, el Gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta ambos países, podría rehabilitarse en 24 meses con una inversión estimada de 30 millones de dólares.
La licencia pendiente y el papel de Ecopetrol
Ecopetrol ha solicitado en tres ocasiones la licencia para operar en Venezuela, la última vez en marzo de 2026, pero aún no ha recibido respuesta. Según los reportes de mercado más recientes, hasta el 11 de septiembre de 2026 no hay confirmación pública de que Ecopetrol cuente con una licencia individual de la OFAC, requisito indispensable para operar en territorio venezolano. El derecho a operar suele requerir una licencia específica o la inclusión directa de la empresa en los permisos estadounidenses, lo que muestra la complejidad regulatoria del proceso.
La empresa sostiene que su participación aportaría ventajas logísticas y técnicas que otras petroleras no pueden ofrecer de inmediato, como la cercanía geográfica y la capacidad de refinar crudo venezolano sin transporte marítimo. Mientras tanto, compañías como GeoPark estarían cerca de cerrar acuerdos para operar en el campo petrolero de Bare, lo que genera preocupación en el sector energético colombiano ante la posibilidad de quedar relegados en la reconstrucción del mercado venezolano.
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que asumió con la promesa de fortalecer la alianza con Washington, declaró que las relaciones con Caracas pasarán por el Departamento de Estado y que Colombia buscará liderar la reconstrucción venezolana. Sin embargo, la falta de avances concretos en la gestión de la licencia para Ecopetrol pone en duda la efectividad de esa estrategia. El déficit fiscal colombiano, que llegó al 6,4% en 2025, y la caída de transferencias de Ecopetrol al Estado, de 42 a 34,6 billones de pesos, refuerzan la urgencia de asegurar nuevas fuentes de ingresos energéticos.
Implicancias regionales y desafíos institucionales
La figura de empresas mixtas propuesta por Venezuela es solo el primer paso de un proceso que podría cambiar la integración energética en América del Sur. La participación de Ecopetrol tendría impacto económico, político y simbólico, al representar una forma de reconocimiento soberano entre países vecinos. Sin embargo, la experiencia regional muestra que la inversión extranjera no garantiza estabilidad democrática ni institucional. Como advirtió un exfuncionario de PDVSA, la falta de transparencia y legitimidad puede poner en riesgo la sostenibilidad de los acuerdos.
Para Colombia, la posibilidad de participar en la reconstrucción energética venezolana y asegurar su propio abastecimiento depende de una decisión administrativa en Washington. La demora en la licencia para Ecopetrol muestra los límites de la relación bilateral y la persistencia de una lógica asimétrica en la política exterior estadounidense hacia América Latina. La reconstrucción institucional en Venezuela y la consolidación de una transición energética en Colombia requieren algo más que acuerdos comerciales: exigen garantías políticas, transparencia y una redefinición de las relaciones entre Estados soberanos.
En el ámbito energético, una licencia del Tesoro de Estados Unidos es una autorización formal que permite a empresas con vínculos estadounidenses operar en países sujetos a sanciones o restricciones. Sin este permiso, cualquier actividad comercial puede ser considerada ilegal bajo la legislación norteamericana, lo que limita la capacidad de actores regionales como Ecopetrol para participar en proyectos estratégicos. Obtener la licencia es, por tanto, un requisito indispensable para avanzar en la integración energética y la cooperación bilateral en el contexto geopolítico actual. Más detalles sobre el alcance de las licencias y los actores involucrados pueden consultarse en este análisis de Reuters.
