El avance de la cadena del litio entre Chile y la Unión Europea enfrenta cuestionamientos por los impactos sociales y ambientales en el Salar de Atacama y la participación de comunidades indígenas en la toma de decisiones.
La expansión de la cadena internacional del litio entre Chile y la Unión Europea ha generado un debate que involucra a empresas estatales, multinacionales y comunidades indígenas. El proyecto Salar Futuro, impulsado por NovAndino Litio junto a CODELCO y SQM, busca consolidar a Chile como proveedor para la transición energética europea. Sin embargo, enfrenta críticas por los impactos sociales y ambientales en el territorio del pueblo lickanantay.
El rol de Chile en la transición energética europea
La Unión Europea y Alemania han reforzado su relación con Chile para asegurar el suministro de litio, clave en la fabricación de baterías y en la reducción de la dependencia de China. El gobierno chileno, a través de CODELCO, participa en alianzas público-privadas con empresas como SQM y NovAndino Litio para explotar el recurso en el Salar de Atacama, una de las mayores reservas del mundo. Esta posición estratégica que Europa atribuye a Chile contrasta con las demandas locales de mayor control y beneficios para las comunidades afectadas.
Chile sigue siendo uno de los principales actores del mercado mundial de litio. Según datos del USGS, en 2025 el país produjo cerca de 56 mil toneladas, solo superado por Australia y China. El Salar de Atacama concentra gran parte de esta actividad: en 2025, la producción conjunta de SQM y Albemarle en la zona alcanzó unas 311.300 toneladas equivalentes de carbonato de litio.
Impactos socioambientales y demandas indígenas
Organizaciones como Germanwatch y Observatorio Ciudadano han documentado que la extracción de litio en el Salar de Atacama presiona los recursos hídricos y altera ecosistemas frágiles, afectando directamente a la población lickanantay. El estudio conjunto advierte que los costos sociales y ambientales no han sido plenamente reconocidos en los acuerdos internacionales y que persisten conflictos por la falta de consulta y participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. El informe recomienda fortalecer la debida diligencia y la transparencia en toda la cadena de valor, así como garantizar mecanismos de reparación y monitoreo independiente.
En 2026, el regulador chileno de recursos hídricos (DGA) redujo en un 15% las cuotas de extracción para SQM y Albemarle, intensificando la presión sobre las operaciones en el Salar de Atacama.
DGA (Dirección General de Aguas), Regulador de recursos hídricos de Chile
Alianzas empresariales y márgenes de maniobra
El modelo de gestión del litio en Chile se basa en alianzas entre el sector público y privado, con CODELCO y SQM como actores centrales en la explotación y exportación. Codelco y SQM formalizaron una empresa conjunta en el Salar de Atacama el 27 de diciembre de 2025, con un acuerdo hasta 2060 y el traspaso del control a Codelco previsto para 2031. NovAndino Litio, dentro de este esquema, busca ampliar la capacidad productiva y responder a la demanda europea, pero enfrenta límites impuestos por la normativa ambiental y la presión social. El informe señala que los márgenes de maniobra de las empresas dependen del cumplimiento de estándares internacionales y de la vigilancia de organizaciones de la sociedad civil, tanto en Chile como en Europa.
En este contexto, Albemarle, uno de los principales operadores, evitó una huelga en septiembre de 2026 al firmar un contrato colectivo de 36 meses con el sindicato, después de que el 97,49% de los trabajadores votaran a favor de la posibilidad de paro. Además, en marzo de 2026, Albemarle presentó una solicitud ambiental para un proyecto comercial de extracción directa de litio (DLE) en el Salar de Atacama, cuya planta piloto demostró una eficiencia de extracción superior al 90%.
Recomendaciones y desafíos pendientes
El estudio de Germanwatch y Observatorio Ciudadano propone medidas para mejorar la gobernanza del litio, como la implementación de procesos de consulta previa, la publicación de información ambiental y la creación de fondos de compensación para las comunidades. También subraya la importancia de que la Unión Europea y sus empresas importadoras asuman compromisos verificables en derechos humanos y protección ambiental. La experiencia de otros sectores extractivos en la región, como se analizó en un análisis previo, muestra que la presión internacional no siempre se traduce en mejoras locales si no existen mecanismos efectivos de control y participación.
La evaluación ambiental es un proceso técnico y participativo que determina los posibles impactos de un proyecto sobre el entorno natural y social antes de su aprobación. En Chile, la legislación exige que los proyectos mineros presenten estudios de impacto ambiental y consulten a las comunidades indígenas cuando puedan verse afectadas. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos depende de la transparencia, la independencia de los organismos evaluadores y la capacidad de las comunidades para acceder a la información y ejercer sus derechos. La situación del litio en el Salar de Atacama muestra los desafíos de compatibilizar la demanda internacional con la protección de los territorios y los derechos de las poblaciones locales.
