La Fiscalía General de la Nación postergó para septiembre la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia, en una causa que sigue abierta y bajo investigación.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia decidió reprogramar la indagatoria prevista para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien debía comparecer por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La audiencia, que ya había sido aplazada en dos oportunidades, fue fijada ahora para el 4 de septiembre de 2026. Los hechos investigados ocurrieron en la década de 1990, cuando Uribe ejercía como gobernador del departamento de Antioquia.
Alcance de la investigación judicial
La causa se tramita bajo el sistema procesal de la Ley 600, que rige investigaciones penales en Colombia previas a la reforma de 2004. El expediente abarca tres líneas de investigación: la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque, las incursiones armadas en veredas y corregimientos de Ituango, y la supuesta omisión de deberes de protección a la población civil. La Fiscalía busca determinar si existió participación, directa o por omisión, de Uribe en los hechos violentos que afectaron a comunidades rurales de Antioquia.
Declaraciones y postura del expresidente
Álvaro Uribe Vélez ha manifestado públicamente su desacuerdo con la convocatoria judicial, señalando que la Fiscalía lo citó "sin practicar las pruebas que ella decretó" y calificando la medida como un "atropello" y una "revancha política". El exmandatario sostiene que no respaldó los hechos investigados ni incumplió su deber de protección a la población, y rechaza cualquier vínculo con el asesinato de Jesús María Valle, ocurrido en Medellín y atribuido a grupos paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño.
Contexto territorial y antecedentes
Las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en zonas rurales de Antioquia, forman parte de una serie de hechos violentos que marcaron la historia reciente del departamento. La investigación involucra a autoridades departamentales y fuerzas de seguridad de la época, en un contexto de conflicto armado interno y expansión de grupos armados ilegales. La Fiscalía sostiene que la etapa actual es de indagatoria, sin que exista hasta el momento imputación formal ni condena judicial contra Uribe.
Plazos y situación procesal
La reprogramación de la indagatoria implica que el proceso judicial continúa en etapa preliminar, sin definiciones sobre eventuales cargos o medidas cautelares. La decisión de la Fiscalía se produce en un contexto de atención pública sobre causas de derechos humanos y violencia institucional en Colombia. En situaciones recientes, como la extensión de plazos fiscales tras el sismo del 10 de agosto, las autoridades colombianas han mostrado flexibilidad en la gestión de plazos judiciales y administrativos, según se informó en una cobertura previa sobre medidas adoptadas tras emergencias.
En el sistema penal colombiano, la indagatoria es una diligencia preliminar en la que la persona investigada puede conocer los hechos y ejercer su defensa, pero no implica una imputación formal ni una condena. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia firme, y toda persona tiene derecho a ser oída y a aportar pruebas en su favor durante el proceso.
