El comité comercial de Ecopetrol debate si autoriza licitaciones para adquirir gas licuado de petróleo para Buenaventura y Puerto Bahía, en medio de alertas sobre el suministro energético en Colombia.
El suministro de gas en Colombia atraviesa un momento decisivo. Este miércoles 16 de septiembre, el comité de alta dirección comercial de Ecopetrol se reunió para discutir la aprobación de dos licitaciones para comprar gas licuado de petróleo (GLP), con impacto directo en los proyectos de regasificación de Buenaventura, en Valle, y Puerto Bahía, en Bolívar. La decisión es relevante porque de ella depende el abastecimiento de gas durante los próximos cinco años en Buenaventura y siete años en Puerto Bahía, en un contexto donde el país busca evitar cortes de energía por el fenómeno del Niño.
El proceso en discusión
Las licitaciones en análisis involucran sumas millonarias y buscan asegurar el suministro de GLP para los dos principales puertos de regasificación del país. Sin embargo, la decisión no está tomada. Aunque algunos sectores dan por hecho que se adjudicarán por la emergencia energética, existen dudas internas que podrían llevar el tema a la junta directiva de Ecopetrol, renovada recientemente. Entre los puntos críticos está que ambos procesos fueron impulsados por Bayron Triana, exvicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición de la petrolera estatal, quien fue mencionado en una investigación periodística por supuestas presiones para firmar contratos antes del final del gobierno de Gustavo Petro.
Cuestionamientos y antecedentes
El propio Triana reconoció haber recibido presiones desde la Casa de Nariño para avanzar con la firma de un contrato millonario a través de la oficina de Ecopetrol en Houston, y afirmó que se le advirtió sobre posibles consecuencias laborales y campañas de desprestigio si no accedía. Además, grandes proveedoras de gas han señalado que no recibieron información suficiente sobre uno de los procesos, lo que suma incertidumbre. Este sería el tercer intento de compra de GLP: el primero, en mayo, se declaró desierto por precios altos; el segundo, gestionado desde Houston, se frenó tras denuncias periodísticas y la aparición de una oferta no solicitada.
Impacto institucional y decisión pendiente
La resolución del comité podría resultar en la adjudicación inmediata de las compras o en que el tema pase a la nueva junta directiva de Ecopetrol, conformada tras la asamblea de ayer. La integración actual incluye representantes designados por el gobierno De La Espriella, un delegado de los trabajadores y dos independientes: el exministro Luis Felipe Henao, quien preside la junta, y Ricardo Rodríguez Yee, responsable de la auditoría forense interna y representante de los departamentos productores de hidrocarburos. El sector energético y las regiones involucradas siguen de cerca la definición, ya que dependen de la continuidad del suministro para evitar un apagón.
El gerente general de la Regasificadora del Pacífico, Jesús Urías, reiteró que el proyecto estaba avanzando hacia el comisionamiento y la puesta en marcha para noviembre de 2026, con clientes ya contratados para la fase inicial.
Jesús Urías, Gerente General, Regasificadora del Pacífico (fuente)
En paralelo, el avance de la infraestructura de regasificación en el Pacífico colombiano es clave para la seguridad energética nacional. El proyecto de la Regasificadora del Pacífico, en Buenaventura, ya supera el 90% de avance y se espera que inicie operaciones en la primera semana de noviembre de 2026. Esta terminal será la segunda solución de regasificación del país, después de la SPEC de Cartagena, y está diseñada para abastecer principalmente al Valle del Cauca y conectar con el sistema de transporte de TGI.
En su primera fase, la regasificadora podrá procesar hasta 60 millones de pies cúbicos diarios para Ecopetrol, bajo un contrato de cinco años con posibilidad de renovación. Además, la empresa Alcanos tiene contratados 20 millones de pies cúbicos diarios adicionales. Según datos oficiales, la capacidad inicial del proyecto podría llegar a 90 millones de pies cúbicos diarios, y el buque Tura, asociado a la terminal, puede recibir hasta 145.000 metros cúbicos de gas, lo que permitiría una cobertura de hasta 45 días para el Valle del Cauca.
La situación de Ecopetrol se da en un contexto de advertencias sobre la seguridad energética en Colombia, donde la demora en la toma de decisiones ha sido señalada como un factor de riesgo. Según informes recientes, la empresa enfrenta presiones para garantizar transparencia y responder a la escasez de gas, en medio de cambios en su dirección y cuestionamientos sobre la gestión de contratos. La falta de información clara para proveedores y la repetición de procesos licitatorios sin resultado efectivo reflejan las dificultades institucionales para asegurar el abastecimiento en plazos críticos.
En Colombia, la adjudicación de una licitación pública no implica la ejecución inmediata del contrato ni la solución automática del problema. El proceso requiere la firma formal, la provisión efectiva del recurso y el cumplimiento de los plazos establecidos. En el caso del gas licuado de petróleo, la continuidad del suministro depende tanto de la transparencia en la adjudicación como de la capacidad operativa de los proyectos de regasificación, que son estratégicos para la seguridad energética nacional.
