El Senado chileno aprobó por estrecho margen el mecanismo de compensación a municipios por la eliminación de contribuciones a adultos mayores, en el marco de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo
El Senado de Chile aprobó el 30 de julio de 2026 el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, que incluye un mecanismo de compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones para adultos mayores. La votación, que finalizó con 27 votos a favor y 22 en contra, reflejó la división entre oficialismo y oposición, aunque también se registraron apoyos cruzados que resultaron determinantes para la aprobación.
La decisión legislativa
El informe aprobado corresponde a la fórmula consensuada en la Comisión Mixta, instancia que intervino para resolver las diferencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante el tratamiento de la denominada megarreforma. El mecanismo de compensación fue uno de los puntos más debatidos, ya que busca resarcir a los gobiernos locales por la pérdida de ingresos derivada de la exención de contribuciones a personas adultas mayores, una medida que había generado preocupación en intendentes y concejos municipales por su impacto en los presupuestos locales.
Detalle de la votación
La sesión del Senado estuvo marcada por un debate intenso y un resultado ajustado. Entre quienes votaron a favor del informe se encuentran senadores de distintos bloques, incluyendo a Carlos Kuschel, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Pedro Araya, Luciano Cruz-Coke, Rojo Edwards, Sergio Gahona, María José Gatica, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Javier Macaya, Paulina Núñez, Gustavo Sanhueza, Enrique van Rysselberghe, Matías Walker, Ignacio Urrutia, Andrea Balladares, Miguel Ángel Becker, Miguel Ángel Calisto, Rodolfo Carter, Camila Flores, Vanessa Kaiser, Enrique Lee, Andrés Longton, Arturo Squella, Renzo Trisotti y Cristian Vial. Por su parte, los votos en contra correspondieron a Alfonso de Urresti, Francisco Huenchumilla, Ximena Órdenes, Loreto Carvajal, Karim Bianchi, Fabiola Campillai, Juan Luis Castro, Iván Flores, Daniel Núñez, Claudia Pascual, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez, Yasna Provoste, Paulina Vodanovic, Danisa Astudillo, Karol Cariola, Ricardo Celis, Daniella Cicardini, Diego Ibáñez, Vlado Mirosevic y Beatriz Sánchez.
Implicancias para los municipios
El mecanismo de compensación aprobado tiene como objetivo principal evitar que los municipios enfrenten una caída abrupta en sus recursos tras la eliminación de las contribuciones inmobiliarias para adultos mayores. Según lo debatido en el Congreso, la fórmula acordada prevé transferencias desde el gobierno central a los gobiernos locales, aunque los detalles sobre los montos, plazos y criterios de distribución deberán ser definidos en la reglamentación posterior. Intendentes y autoridades municipales habían advertido sobre el riesgo de desfinanciamiento de servicios esenciales si no se garantizaba una compensación efectiva y sostenible.
Próximos pasos y aspectos pendientes
Con la aprobación del informe de la Comisión Mixta, el proyecto avanza hacia su promulgación, aunque resta la definición de aspectos reglamentarios y la implementación concreta del mecanismo de compensación. El Ejecutivo deberá establecer, mediante decreto o resolución, los procedimientos para calcular y transferir los fondos a los municipios afectados. Además, persisten interrogantes sobre el impacto fiscal total y la sostenibilidad de la medida en el mediano plazo, así como sobre la equidad en la distribución de los recursos entre comunas de distinto tamaño y capacidad recaudatoria. La Comisión Mixta es una instancia prevista en el procedimiento legislativo chileno para resolver discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de un proyecto de ley. Su informe debe ser aprobado por ambas cámaras para que la iniciativa avance hacia la promulgación. La promulgación es el acto formal mediante el cual el Poder Ejecutivo declara la existencia de una ley y ordena su cumplimiento, pero la entrada en vigencia puede requerir reglamentación adicional, especialmente cuando se trata de mecanismos de transferencia de fondos o compensaciones fiscales.
