El Consejo Nacional de Justicia de Brasil resolvió apartar a la jueza Gabriela Hardt de sus funciones durante dos años, tras detectar irregularidades en su actuación en la causa Lava Jato. La medida afecta a la jurisdicción federal de Curitiba y tiene impacto institucional.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil resolvió el 30 de julio de 2026 apartar de su cargo a la jueza Gabriela Hardt por un período de dos años, luego de analizar un procedimiento disciplinario vinculado a su desempeño en la investigación conocida como Lava Jato. La decisión fue adoptada por unanimidad entre los 14 integrantes del organismo, tras la presentación del informe del relator Rodrigo Badaró, quien propuso la sanción de disponibilidad, la segunda más grave prevista en la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional (Loman).
Alcance de la sanción
La disponibilidad implica que la magistrada queda apartada de sus funciones judiciales, aunque mantiene una remuneración proporcional durante el período de suspensión. Si bien hubo debate sobre la duración de la medida, la mayoría del CNJ optó por fijar el plazo en dos años, frente a la propuesta minoritaria de un año. La sanción se fundamentó en la existencia de una infracción disciplinaria considerada como grave violación de deberes funcionales.
Motivos y antecedentes del caso
El procedimiento disciplinario se inició en 2024, a partir de la actuación de la jueza Hardt en la 13ª Vara Federal de Curitiba, donde asumió la conducción de la causa Lava Jato tras la salida de Sergio Moro. La investigación interna detectó irregularidades en la homologación de un acuerdo celebrado en 2019, que preveía la creación de una fundación privada financiada con recursos recuperados de multas impuestas a empresas condenadas. Según la investigación, los fondos, estimados en 2.500 millones de reales, serían gestionados por integrantes de la fuerza de tarea del Ministerio Público Federal en Curitiba.
Reacciones y argumentos de la defensa
La defensa de Gabriela Hardt sostuvo que la jueza no eligió asumir los expedientes de Lava Jato y que actuó de buena fe en el ejercicio de sus funciones. Además, advirtió que la sanción podría tener un efecto desalentador sobre la magistratura federal penal. La abogada Ana Luisa Vogado Oliveira remarcó que la exposición pública y el impacto personal sobre Hardt fueron consecuencia de una designación institucional y no de una decisión voluntaria.
Consecuencias institucionales y estado actual
La jueza Hardt ya se encontraba apartada de sus funciones desde la apertura del proceso disciplinario. La resolución del CNJ no implica una destitución definitiva, pero limita su actividad judicial durante el plazo establecido. El caso pone en debate los mecanismos de control sobre la actuación de magistrados en causas de alto impacto y la relación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público en Brasil.
La sanción de disponibilidad es una medida disciplinaria prevista en la legislación brasileña que suspende temporalmente a un magistrado de sus funciones, sin que ello implique la pérdida definitiva del cargo. Durante el período de disponibilidad, el juez o jueza percibe una remuneración proporcional y no puede ejercer funciones jurisdiccionales. La decisión puede ser revisada o apelada según los procedimientos internos del CNJ y la normativa vigente.
