El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso que la Unidad Nacional de Protección restablezca de forma transitoria las medidas de seguridad para Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, y realice un nuevo análisis de riesgo en 48 horas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe restablecer de manera transitoria las medidas de seguridad que habían sido asignadas a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y exgerente del Fondo de Adaptación. La decisión fue adoptada tras la presentación de un recurso por parte de Rodríguez, quien había recibido un fallo de primera instancia desfavorable respecto a la continuidad de su esquema de protección.
Alcance de la decisión judicial
La resolución del Tribunal establece que la UNP tiene un plazo máximo de 48 horas para realizar un nuevo estudio de seguridad sobre la situación actual de Angie Rodríguez. El objetivo es determinar el nivel de riesgo que enfrenta la exfuncionaria y definir las medidas de protección que correspondan según los resultados de esa evaluación. El fallo enfatiza que la protección debe adecuarse a las circunstancias actuales de Rodríguez, quien ya no ocupa cargos en el Estado.
Contexto institucional y antecedentes
Durante su gestión al frente del Fondo de Adaptación, la UNP había calificado el riesgo de Angie Rodríguez como "extraordinario", lo que justificó la asignación de un esquema de seguridad reforzado. En el proceso judicial, la exfuncionaria expuso amenazas recibidas durante su paso por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que fue considerado por el Tribunal al ordenar la revisión urgente de su situación. La medida es de carácter transitorio y estará sujeta a los resultados del nuevo análisis de riesgo.
Implicancias para la protección de exfuncionarios
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pone en foco los criterios utilizados por la UNP para mantener o retirar esquemas de protección a exfuncionarios públicos. El caso de Rodríguez evidencia la necesidad de evaluar el riesgo en función de la situación actual y no solo del cargo previamente ejercido. En Colombia, la continuidad de medidas de seguridad para exautoridades suele ser objeto de revisión periódica, especialmente cuando existen antecedentes de amenazas o situaciones de riesgo extraordinario.
Plazos y próximos pasos
La UNP deberá cumplir con la orden judicial en un plazo de 48 horas, realizando el estudio de seguridad y comunicando los resultados a las partes involucradas. El restablecimiento de las medidas de protección será transitorio hasta que se determine el nivel de riesgo actualizado. Este tipo de decisiones judiciales se inscriben en un contexto más amplio de revisión de políticas de protección a exfuncionarios en Colombia, donde la seguridad personal de quienes ocuparon cargos sensibles sigue siendo un tema de debate institucional. En otros ámbitos, la gestión de riesgos y protección también ha sido noticia, como ocurrió recientemente con la actualización de protocolos para jubilaciones en Argentina, según informó Agencia La Provincia.
En el sistema judicial colombiano, las medidas cautelares como la ordenada en este caso tienen carácter provisorio y buscan evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo de la cuestión. La UNP, como organismo responsable de la protección de personas en riesgo, debe ajustar sus decisiones a los fallos judiciales y a los resultados de los estudios técnicos de seguridad. La revisión periódica de los esquemas de protección es una práctica habitual, pero siempre debe garantizarse el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
