La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene fuera del plantel las clases presenciales en la Secundaria General número 13 de Torreón. La atención emocional, la recuperación de los afectados y la revisión del edificio marcarán el regreso.
El ataque ocurrió el 1 de octubre de 2026, alrededor de las 8:30 de la mañana, en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión. La escuela aún no tiene fecha para reanudar las clases presenciales.
Antes de abrir el edificio, las autoridades atienden a alumnos, docentes, directivos y familias. La prioridad es la contención emocional.
La contención antes del regreso
El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que el trabajo inicial se concentra en las consecuencias emocionales de la agresión. La Secretaría de Educación coordina la atención con Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud.
El plan incluye reuniones y atención especializada para quienes forman parte de la escuela. También alcanza a los estudiantes y trabajadores lesionados que continúan su recuperación.
Las familias vinculadas con el plantel reciben atención. En el ataque murió la subdirectora Nedi Edith Nevares González. Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un alumno de 13 años. Los reportes del caso señalan que se utilizaron armas blancas y pirotecnia.
Los presuntos responsables fueron identificados como los hermanos Carlos "N" y David "N". Ambos tienen 18 años y fueron exalumnos del plantel. La detención ocurrió después de la agresión.
El 4 de octubre, un juez de control los vinculó a proceso. También les impuso prisión preventiva justificada en el penal de Torreón.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria ni establece de manera definitiva la responsabilidad penal de los imputados; la investigación y el proceso judicial continúan.
La acusación corresponde a homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado dentro de la causa penal 1632/2026. La calificación considera agravantes relacionadas con ventaja, sorpresa, crueldad y el medio empleado.
Los señalados ya cumplieron 18 años. Por eso, el caso se tramita conforme a las reglas aplicables a personas adultas. La vinculación a proceso no equivale a una condena.
Clases desde casa y obras
Los estudiantes continuarán con actividades desde sus hogares mientras se define el regreso al plantel. La enseñanza no está suspendida. Se trata de una modalidad transitoria.
La pausa seguirá mientras avanza el acompañamiento emocional y se preparan las condiciones para un retorno gradual.
El Municipio de Torreón y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa realizan la limpieza profunda, la revisión y la rehabilitación de las instalaciones.
Esas tareas preparan el plantel para una posible reapertura. No bastan por sí solas. La autoridad educativa también debe evaluar el estado emocional de la comunidad.
El juzgado concedió seis meses para la investigación complementaria. El plazo vence el 4 de abril de 2027.
Durante ese periodo deberán desarrollarse las diligencias del proceso. Las autoridades no pueden anticipar responsabilidades definitivas. Los imputados permanecen sujetos a prisión preventiva como medida cautelar.
Familias dentro de la prevención
Garza Fishburn planteó que debe fortalecerse la comunicación entre padres e hijos. La prevención también incluye lo que ocurre dentro de los hogares.
La propuesta amplía la respuesta más allá del edificio escolar. Las familias tendrán un papel en la detección de situaciones que puedan afectar a niños y adolescentes.
La escuela no puede actuar sola.
Ese enfoque se conecta con una cobertura previa sobre el sentido de la escuela en México. El caso de La Unión exige una respuesta concreta de acompañamiento y seguridad.
La información disponible todavía no permite medir el impacto psicológico de la agresión. Tampoco permite establecer cuánto durará la atención especializada.
Protocolos y detección temprana
La Secretaría de Educación confirmó que continuará Mochila Sana y Segura. También mencionó el programa Somos Más, que busca identificar señales tempranas de riesgo físico, conductual o emocional.
Impulsores de Paz y Ser Más seguirán activos. La estrategia incluye coordinación con otras instituciones estatales y contacto con corporaciones de seguridad ante situaciones de riesgo.
Estos programas y protocolos son herramientas preventivas. No prueban que el problema ya esté resuelto.
Su aplicación deberá coincidir con la recuperación de estudiantes y trabajadores afectados. También tendrá que considerar la atención a las familias y la evaluación del plantel antes de cualquier reapertura.
Mantener las clases fuera del edificio resulta adecuado frente a la información disponible. Limpiar y rehabilitar una escuela no basta para recuperar la confianza después de un ataque.
En Torreón, el regreso no debería medirse solo por la disponibilidad de aulas. También dependerá de la capacidad institucional para acompañar a las familias y detectar nuevos riesgos con responsabilidad.
La contención emocional incluye intervenciones de escucha y atención especializada. Su objetivo es ayudar a la comunidad escolar a asimilar lo ocurrido.
No constituye por sí misma un diagnóstico clínico. Tampoco fija un plazo automático para volver a las aulas.
La fecha de regreso dependerá de tres condiciones concretas: la recuperación de las personas afectadas, la evaluación de las instalaciones y el estado emocional que determinen las autoridades educativas.
