El Supremo Tribunal Federal estableció que quienes perciban hasta 5 mil reales mensuales podrán acceder a la justicia gratuita sin demostrar insuficiencia económica, mientras que quienes superen ese ingreso deberán acreditar su situación ante los tribunales
El acceso a la justicia en Brasil tendrá, desde ahora, un criterio uniforme: el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió que toda persona con ingresos mensuales de hasta 5 mil reales podrá solicitar la gratuidad de justicia sin necesidad de presentar pruebas sobre su situación económica. Por encima de ese monto, la carga de la prueba recae sobre quien solicita el beneficio, que deberá acreditar la insuficiencia de recursos ante el tribunal correspondiente.
Decisión y alcance nacional
La decisión fue adoptada el 3 de agosto de 2026 en el marco de la Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 80, impulsada por la Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif). El fallo no se limita a la Justicia del Trabajo, sino que se extiende a todo el Poder Judicial federal y estadual, hasta que el Congreso Nacional defina una nueva regulación. El STF consideró que la existencia de criterios dispares entre fueros generaba desigualdad de trato para personas en situaciones económicas similares.
Criterios objetivos y límites
El ministro Gilmar Mendes, cuyo voto fue mayoritario, sostuvo que el parámetro de 5 mil reales resulta más actualizado y objetivo que el previsto en la legislación laboral, que fijaba el umbral en el 40% del tope del Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Según el STF, la presunción de insuficiencia económica se aplicará automáticamente a quienes no superen ese ingreso, mientras que quienes lo excedan deberán presentar documentación que respalde su pedido. Además, los jueces podrán denegar la gratuidad si detectan patrimonio o ingresos familiares incompatibles con el beneficio.
Debate interno y posiciones divergentes
La resolución no fue unánime. Los ministros Edson Fachin y Cármen Lúcia votaron en disidencia, al considerar suficiente la autodeclaración de hipossuficiencia económica para acceder al beneficio, en línea con el Código de Processo Civil (CPC). Fachin argumentó que, ante la falta de precisión en la Reforma Trabalhista sobre cómo acreditar la insuficiencia, debía aplicarse la presunción relativa prevista en el CPC. Sin embargo, la mayoría del tribunal optó por un criterio más restrictivo y homogéneo.
Aplicación y efectos prácticos
El nuevo estándar regirá únicamente para los procesos iniciados a partir de la publicación del acta del fallo. Quienes soliciten la gratuidad deberán informar su nivel de ingresos y, si corresponde, aportar pruebas adicionales si el juez lo requiere. La Defensoría Pública seguirá aplicando sus propios criterios de admisión, que pueden ser más estrictos. El fallo busca evitar el uso indiscriminado del beneficio y garantizar que la asistencia jurídica gratuita llegue a quienes realmente la necesitan.
La gratuidad de justicia es una herramienta prevista en la Constitución Federal de Brasil para asegurar el acceso a los tribunales a quienes no pueden afrontar los costos de un proceso judicial. El nuevo parámetro fijado por el STF se alinea con el valor exento del Impuesto a la Renta y reemplaza el criterio anterior de la legislación laboral, que había quedado desactualizado frente a la evolución de los ingresos y el costo de vida. La medida se suma a otras decisiones recientes del tribunal, como las que abordaron el reconocimiento de derechos en el ámbito cultural, según reportes previos, y marca un intento de homogeneizar el acceso a la justicia en todo el país.
