La capacidad de la Comisión Federal de Electricidad y las restricciones a la participación privada mantienen a México con cortes de luz en 16 estados, pese a los ajustes recientes del gobierno federal
Los apagones eléctricos siguen siendo frecuentes en México en 2026, lo que deja al descubierto las limitaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la política energética nacional. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho algunos ajustes, la cobertura y la capacidad de generación no alcanzan para cubrir la demanda actual ni la que se espera en los próximos años, sobre todo en la península de Yucatán, Chiapas y el norte del país.
Restricciones a la generación y transmisión
La ley actual da al gobierno federal el control total sobre la generación y distribución de electricidad, y le permite decidir quién puede participar en el sector. Desde 2025, la ley limita la participación privada a un máximo del 46% de la generación total, mientras que la transmisión sigue siendo exclusiva del Estado. Esto impide que gobiernos estatales y municipales desarrollen proyectos propios, incluso en lugares con recursos energéticos y capacidad técnica para asociarse con empresas privadas.
La falta de inversión en nuevas líneas de transmisión agrava el problema. La CFE no tiene recursos suficientes para ampliar la infraestructura, y como resultado, la mitad del país sufre cortes de electricidad de manera recurrente, lo que afecta a hogares, industrias y servicios básicos. En septiembre de 2026, la CFE realizó cortes programados de mantenimiento en varios estados, con suspensiones de 6 a 8 horas en municipios de Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán, lo que muestra la presión sobre la red eléctrica nacional.
Medidas recientes y limitaciones
En abril de 2026, el gobierno federal organizó la segunda subasta eléctrica de largo plazo y la CFE adjudicó 37 proyectos privados de energías renovables por 7,4 megavatios. Esta cifra iguala lo adjudicado en renovables durante el sexenio de Peña Nieto, pero especialistas advierten que el retraso acumulado en generación y transmisión no permite cubrir la demanda creciente. Para 2027, se espera que estén en construcción 100 plantas de generación eléctrica, aunque su entrada en operación no resolverá el déficit, ya que la demanda seguirá aumentando.
Mientras tanto, los apagones continúan en 16 estados, entre ellos Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Por ejemplo, el servicio se suspendió temporalmente en Mérida, Yucatán, el 15 de septiembre de 2026, de 07:00 a 15:00 horas, por trabajos en infraestructura eléctrica, y hubo un corte programado en Pijijiapan, Chiapas, el 13 de septiembre, de 08:00 a 16:00 horas, ambos confirmados por la CFE. El programa Techos Solares para el Bienestar, presentado en marzo de 2025 y limitado a Mexicali y Hermosillo, busca reducir la pobreza energética y el consumo residencial, pero su alcance es muy limitado.
Iniciativas locales y alternativas
Algunos gobiernos estatales y municipales han puesto en marcha programas para reducir el consumo eléctrico, como la venta subsidiada de aires acondicionados eficientes en Coahuila o la instalación de paneles solares a bajo costo en Hermosillo. Sin embargo, estos esfuerzos son aislados y no tienen un marco legal que permita su expansión. Los proyectos de generación local, como el uso de gas metano en rellenos sanitarios, se abandonaron desde 2018 y no hay políticas federales activas para retomarlos o ampliarlos a otras fuentes renovables.
La falta de incentivos y la rigidez de las normas impiden que los gobiernos estatales y municipales contribuyan de manera significativa a resolver el déficit eléctrico. En este contexto, los apagones afectan la competitividad regional y la calidad de vida de millones de personas. Además, comunidades cercanas al Tren Maya siguen sin acceso regular a electricidad y agua, lo que refleja el rezago de infraestructura en el sureste mexicano, como documentó Reuters en septiembre de 2026.
Debate sobre el modelo energético
El debate sobre la política energética mexicana se intensificó tras la contrarreforma de 2025, que reforzó el monopolio estatal y limitó la participación privada. Aunque el gobierno de Sheinbaum ha hecho algunos ajustes para incorporar proyectos renovables, persisten las limitaciones estructurales y la falta de apertura a nuevas formas de gestión. La situación contrasta con otros sectores donde la descentralización permitió avances, como se analizó en un informe previo sobre educación en Jalisco.
La discusión sobre ampliar el programa Techos Solares para el Bienestar y la posibilidad de incorporar baterías de almacenamiento en hogares y empresas sigue abierta, pero hasta ahora no hay anuncios oficiales sobre su extensión nacional ni sobre cambios en la normativa que permitan una mayor participación de estados y municipios. Por otro lado, la presión sobre la red eléctrica aumenta con la llegada de nuevos centros de datos, lo que llevó a la CFE y la asociación MEXDC a planear juntos las necesidades de red para estos proyectos. La CFE prevé invertir más de 700 mil millones de pesos en generación, transmisión, distribución y gasoductos en los próximos cinco años, aunque los retos de cobertura y confiabilidad siguen presentes.
El federalismo mexicano establece competencias diferenciadas entre el gobierno nacional, los estados y los municipios. En energía, la Constitución y las leyes secundarias dan al gobierno federal el control sobre la generación, transmisión y distribución de electricidad, lo que limita la autonomía de los gobiernos locales para desarrollar soluciones propias. Esta centralización dificulta responder a las necesidades de cada región y restringe la innovación local, a diferencia de otros servicios públicos donde la descentralización ha permitido mayor flexibilidad y adaptación a las realidades regionales.
