Montserrat Cisneros Pérez, diputada de Movimiento Ciudadano, cuestionó la reducción del presupuesto educativo en México tras los bajos resultados en la prueba PISA y alertó sobre el impacto en universidades y obras prioritarias para Jalisco.
Desde el Congreso de Jalisco, la diputada Montserrat Cisneros Pérez, de Movimiento Ciudadano, criticó que el presupuesto federal para educación en México no responde al retroceso mostrado en los últimos resultados de la prueba PISA. Señaló que, en vez de reforzar el sistema educativo y las universidades públicas, los recursos se están reduciendo.
Recortes en el presupuesto educativo
Cisneros explicó que el proyecto de presupuesto nacional para 2027 mantiene el gasto en educación cerca del 2.7% del producto interno bruto, una proporción que, lejos de aumentar ante los malos resultados, ha bajado en términos reales desde 2018. Sin embargo, datos oficiales recientes muestran que el presupuesto federal proyectado para educación, ciencia y cultura en 2027 es de unos 1.4 billones de pesos, equivalente al 3.5% del PIB. De ese monto, la SEP recibiría 576,600 millones de pesos, con un crecimiento real del 6.7% respecto a 2026, según Reuters. Aun así, el análisis del CIEP advierte recortes importantes dentro de este bloque, como una reducción del 25.5% en el programa La Escuela es Nuestra y del 22.4% en fondos para investigación científica y tecnológica.
Impacto en universidades y obras prioritarias
La diputada advirtió que estos recortes afectan directamente a las universidades públicas y a proyectos considerados prioritarios para Jalisco, como las obras hídricas acordadas entre el gobierno estatal y la Federación. Señaló que el presupuesto enviado al Congreso nacional no incluye recursos etiquetados para estas obras, a pesar de los acuerdos previos. Medios de comunicación han confirmado que el paquete federal 2027 no contempla fondos para el nuevo acueducto de Guadalajara ni para la sustitución del abasto de agua desde Chapala, lo que mantiene la incertidumbre sobre la infraestructura hídrica en la región.
Cisneros también relacionó la restricción presupuestaria con el aumento de la deuda federal, lo que, según su análisis, obliga a destinar más recursos al pago de obligaciones financieras y deja menos para áreas como la educación. El gobierno federal, por su parte, ha defendido el presupuesto 2027 como un paquete que prioriza el gasto social, con un déficit fiscal proyectado del 3.9% del PIB y un crecimiento económico estimado entre 1.5% y 2.5%.
Los resultados PISA 2025, publicados el 8 de septiembre de 2026, mostraron que México permanece por debajo del promedio de la OCDE, con 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias.OCDEEvaluación internacional educativa
Críticas a la gestión federal y local
Cisneros cuestionó la política educativa del Gobierno federal y señaló directamente a la diputada Mery Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Dijo que, pese a ocupar una posición clave en la discusión del gasto federal, Pozos no consiguió fondos adicionales para Jalisco ni para las obras hídricas comprometidas. Para Cisneros, la falta de resultados presupuestarios afecta la representación de los intereses de la provincia y anticipó que esto tendrá impacto en las próximas elecciones municipales en Guadalajara.
Comparaciones territoriales y prioridades de gasto
Como contraste, Cisneros destacó la situación financiera de los gobiernos locales de Guadalajara y Zapopan, que mantienen altas calificaciones crediticias y, según la diputada, muestran que una administración eficiente y la definición de prioridades pueden marcar la diferencia, incluso en contextos de restricción presupuestaria. La discusión sobre la asignación de fondos federales y la priorización de grandes proyectos nacionales, como la transferencia del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional, vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre inversiones estratégicas y necesidades sociales básicas como la educación.
La ejecución presupuestaria en México no solo implica la aprobación de partidas en el Congreso, sino también la transferencia efectiva de fondos y su aplicación en los programas y obras comprometidos. La diferencia entre presupuesto asignado y gasto ejecutado puede ser significativa, especialmente en áreas como educación e infraestructura, donde los retrasos o recortes afectan directamente la calidad de los servicios y el acceso de la población a derechos fundamentales.
