La Fiscalía General de Colombia identificó datos falsos en la audiencia de Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias La Bebecita, quien buscaba prisión domiciliaria antes de ser abatida junto a su pareja en un operativo en Santa Marta
La Fiscalía General de la Nación de Colombia confirmó que la solicitud de prisión domiciliaria presentada por Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias La Bebecita, contenía información falsa que habría invalidado cualquier beneficio judicial. La joven, vinculada a la estructura de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), fue abatida junto a su pareja, alias Bendito Menor, en un operativo realizado en Santa Marta apenas un día después de la audiencia en la que intentó acceder a un preacuerdo.
Audiencia y contradicciones detectadas
El 30 de julio de 2026, Tarazona Tarazona se presentó ante la justicia con el objetivo de negociar una condena de 36 meses de prisión domiciliaria por el delito de concierto para delinquir. Su defensa argumentó que era madre a cargo de hijos menores y que ya no convivía con Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, quien supuestamente la habría sustraído de su domicilio. Sin embargo, la Fiscalía detectó que la información aportada no coincidía con los hechos verificados tras el operativo.
Según el fiscal del caso, Daniel Bustos, la acusada no solo mantenía contacto con su pareja, sino que fue hallada en la misma vivienda donde ambos fueron abatidos. Además, la ropa que vestía durante la audiencia era la misma que llevaba al momento del operativo, lo que refuerza la hipótesis de que no existió separación ni coacción previa. La revisión del acta judicial permitió identificar estas inconsistencias, que habrían impedido la homologación del preacuerdo.
Rol dentro de la organización criminal
La investigación oficial sostiene que alias La Bebecita no era una figura secundaria dentro de la ACS. De acuerdo con los documentos judiciales, su función incluía el pago de la nómina de sicarios y la transmisión de órdenes a las estructuras urbanas cuando alias Bendito Menor no se encontraba presente. Tras una primera detención, la joven no volvió a presentarse ante las autoridades, lo que agravó su situación procesal y motivó el seguimiento que culminó en el operativo fatal.
La Fiscalía argumentó que la solicitud de prisión domiciliaria carecía de sustento, ya que la acusada no cumplía con los requisitos legales y había intentado inducir a error tanto al juez como al Ministerio Público. Por este motivo, el organismo rechazó el beneficio y mantuvo la acusación por concierto para delinquir, delito que en Colombia contempla penas privativas de libertad efectivas.
Investigación sobre posibles encubrimientos
El caso abrió una nueva línea de investigación sobre la posible participación de allegados a Tarazona Tarazona y a su pareja en la presentación de información falsa ante la justicia. La Fiscalía revisa si existió una estrategia coordinada para obtener beneficios judiciales mediante datos inexactos o testimonios manipulados. El análisis de los videos de seguridad y de los vehículos involucrados forma parte de las diligencias en curso.
La situación generó interrogantes en el entorno de la joven, que sostiene que existía un compromiso de aceptación de cargos y que solo restaba la validación judicial. Sin embargo, la evidencia reunida por el Ministerio Público contradice esa versión y refuerza la hipótesis de un intento deliberado de engañar al sistema judicial. En este contexto, la Fiscalía ratificó su decisión de no conceder prisión domiciliaria y de mantener la investigación sobre los hechos previos al operativo.
Contexto judicial y antecedentes recientes
El caso de alias La Bebecita se inscribe en una serie de investigaciones sobre estructuras criminales en la región Caribe de Colombia, donde la articulación entre bandas y la presentación de información falsa ante la justicia han dificultado la labor de los organismos de control. La revisión de actas, registros y testimonios es una herramienta central para evitar que los beneficios procesales sean utilizados de manera fraudulenta. En otros procesos recientes, como el que fue reportado anteriormente, los tribunales han exigido mayor rigor en la verificación de datos y en la fundamentación de las solicitudes judiciales.
En Colombia, la presunción de inocencia es un principio constitucional que rige hasta la existencia de una sentencia firme. Sin embargo, la presentación de información falsa o la omisión de datos relevantes puede constituir un delito adicional y afectar la situación procesal de los imputados. Los preacuerdos judiciales requieren la validación de un juez de garantías y la comprobación de que los hechos y circunstancias declarados sean verídicos y completos. La Fiscalía General de la Nación mantiene la potestad de rechazar cualquier acuerdo que no cumpla con estos requisitos.
