En Michoacán, la ausencia de maestros y el cierre de escuelas revelan problemas estructurales que los resultados de PISA no reflejan, mientras autoridades y organismos internacionales priorizan métricas externas sobre la realidad educativa local
La crisis educativa en Michoacán quedó al descubierto cuando, tras la muerte de un líder criminal y un adolescente en Los Reyes, la Secretaría de Educación local tuvo que reconocer públicamente la falta de maestros en la región. Hasta entonces, había insistido en que la cobertura era total según la matrícula. El episodio, ocurrido poco antes del inicio del ciclo escolar, evidenció la distancia entre los informes oficiales y lo que sucede en las escuelas.
Docentes ausentes y escuelas cerradas
En municipios agrícolas como Peribán y Sahuayo, familias y supervisores escolares denunciaron la falta de maestros y directivos. Esto dejó a grupos de estudiantes sin clases y materias sin cubrir. En Sahuayo, la supervisión de secundarias reportó un déficit de 1,500 horas docentes y la ausencia de nueve directores, lo que generó vacíos en la atención educativa. La respuesta oficial fue negar el problema, aunque la situación en el terreno mostraba lo contrario.
El problema se agravó en el nivel inicial. Durante el proceso de reasignación de cargos, maestras de jardines unitarios advirtieron que, al dejar sus puestos, los planteles quedaban cerrados y no se reasignaban, pese a la promesa de que serían transferidos a Conafe. En La Piedad, tres jardines no reabrieron y los niños tuvieron que trasladarse a otras comunidades, en una zona marcada por la violencia y la migración forzada.
Evaluaciones externas y realidad local
En el informe PISA 2025, México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias; todos estos resultados se ubicaron por debajo del promedio de la OCDE.
Las encuestas oficiales, que prometían un relevamiento escuela por escuela, se limitaron a formularios digitales con preguntas cerradas, sin diálogo directo con los actores locales. El resultado fue legitimar cambios superficiales en la carrera docente, sin abordar las carencias estructurales ni las condiciones socioeconómicas que afectan el aprendizaje.
Consecuencias para estudiantes y comunidades
La falta de maestros y el cierre de escuelas afectaron directamente la continuidad pedagógica y el acceso a la educación, sobre todo en zonas rurales y de alta conflictividad. Niños y adolescentes quedaron sin clases o tuvieron que recorrer mayores distancias para asistir a otros planteles, en contextos donde la inseguridad limita la movilidad y la permanencia escolar.
La política de recorte de plazas, cierre de escuelas con baja matrícula y reconcentración de servicios, impulsada en parte por recomendaciones internacionales, profundizó la desigualdad territorial y la exclusión educativa. Las medidas de ajuste presupuestario priorizaron la eficiencia administrativa sobre el derecho a la educación, sin resolver los problemas de fondo.
El rol de organismos internacionales
La influencia de la OCDE y de PISA en la agenda educativa mexicana se consolidó como un mecanismo de rendición de cuentas ante intereses económicos globales, más que como una herramienta para mejorar la calidad educativa en el territorio. Las directrices internacionales promovieron reformas orientadas a la medición y la competencia, dejando de lado la experiencia de los docentes y las necesidades de las comunidades.
En otros países de la región, las políticas educativas y los calendarios escolares se han definido según las realidades locales, como muestra un análisis reciente sobre Venezuela. La comparación subraya la importancia de adaptar las políticas a las condiciones concretas de cada territorio.
El federalismo educativo en México implica que las decisiones sobre cobertura, asignación de cargos y cierre de escuelas deben considerar tanto la matrícula como las condiciones territoriales, sociales y de seguridad. La evaluación internacional aporta datos comparativos, pero no reemplaza el conocimiento de los docentes ni la participación de las comunidades en la definición de prioridades. Lo ocurrido en Michoacán muestra que la legitimidad de las políticas educativas depende de su capacidad para responder a las necesidades reales y no solo a los indicadores globales.
