Una auditoría oficial identificó que 36 abogados de Carabineros de Chile tenían dos contratos para las mismas funciones, en contravención de la normativa vigente, y detectó pagos en exceso y falta de controles de asistencia.
La Contraloría General de la República de Chile informó el 30 de julio de 2026 que una auditoría realizada durante 2024 a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros detectó que 36 abogados contratados como oficiales de justicia mantenían dos contratos en paralelo para cumplir las mismas tareas, lo que contraviene la normativa vigente. El informe, identificado como INVE N° 540 de 2025, revisó el cumplimiento de las jornadas laborales y la legalidad de las contrataciones bajo la modalidad de Contrato por Resolución (CPR).
Irregularidades en la contratación
Según la auditoría, los 36 abogados involucrados tenían dos contratos de 22 horas semanales cada uno, ambos para desempeñar funciones idénticas como oficiales de justicia. La normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de tareas diferentes, lo que no se verificó en estos casos. En total, los 144 abogados que ejercieron como oficiales de justicia percibieron remuneraciones superiores a $5.540 millones durante 2024, mientras que los 36 con doble contrato recibieron más de $1.944 millones adicionales por la modalidad CPR.
Falta de controles y registros
El informe de la Contraloría también señaló que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió verificar el cumplimiento efectivo de las jornadas laborales. Ante esta situación, el organismo de control exigió a Carabineros ajustar las designaciones y prórrogas de los contratos CPR para que no se superpongan con las funciones de oficiales de justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la normativa vigente.
Pagos en exceso y actividades externas
La auditoría detectó pagos en exceso a dos funcionarios, por montos de $9.048.041 y $881.527 respectivamente, y anunció que presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para recuperar esos fondos. Además, se identificó que cinco de los 36 funcionarios con doble contrato emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones en 2024, y que 23 de los 144 oficiales de justicia realizaron actividades remuneradas externas por un total superior a $434 millones. Si bien la normativa no prohíbe trabajos adicionales, la ausencia de registros de asistencia impide determinar si estas actividades se realizaron fuera del horario público.
Medidas y consecuencias institucionales
Como consecuencia de los hallazgos, Carabineros deberá informar a la Contraloría los resultados de la investigación disciplinaria iniciada para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El organismo de control también recomendó que, si la jornada de 22 horas semanales resulta insuficiente para las necesidades del servicio, la Dirección Nacional de Personal actualice la normativa interna para adecuar la carga horaria, sin recurrir a contrataciones superpuestas para las mismas funciones.
En el sistema público chileno, la Contraloría General de la República es el organismo encargado de fiscalizar la legalidad de los actos administrativos y el uso de los recursos estatales. Las auditorías como la realizada a Carabineros de Chile permiten identificar desvíos respecto de la normativa y exigir la restitución de fondos cuando se detectan pagos indebidos, además de impulsar cambios en los procedimientos internos para mejorar la transparencia y el control institucional.
