La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó unidades móviles y medidas excepcionales para restituir documentos y facilitar trámites de registro civil en zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto en cinco departamentos de Colombia
La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha un operativo especial para garantizar el acceso a la identificación y al registro civil de las personas damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia. La medida abarca los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, donde se reportaron pérdidas de documentos y dificultades para realizar trámites esenciales tras la emergencia.
Unidades móviles y atención territorial
Como parte de la respuesta institucional, la Registraduría Nacional desplegó unidades móviles en los territorios más afectados. En Risaralda, una unidad de la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV) fue instalada frente al Hospital San Jorge de Pereira para asistir a quienes perdieron sus documentos o se encuentran en situación de vulnerabilidad. En Valle del Cauca, se habilitaron cuatro estaciones móviles con conectividad satelital en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Aguila, mientras que en Cali se programaron jornadas de trámites en los albergues oficiales para los días 20 y 21 de agosto.
Medidas excepcionales para trámites y defunciones
En Chocó, las jornadas de identificación se realizarán en Quibdó y se prevé su extensión a otros municipios como Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó. En Caldas y Quindío, los trámites de registro civil e identificación se realizan bajo la modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe, lo que permite el acceso gratuito a los servicios para las personas afectadas.
Además, la Registraduría Nacional adoptó una medida transitoria para facilitar la inscripción de defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto de 2026 en los cinco departamentos en emergencia. Según la disposición, las defunciones que no puedan ser registradas dentro del plazo legal de dos días no serán consideradas extemporáneas y no requerirán la orden del inspector de Policía para su inscripción, con el objetivo de reducir barreras administrativas en el contexto de la emergencia.
Acceso gratuito y remoción de barreras
Las personas directamente afectadas por el terremoto podrán acceder a los trámites de identificación y registro civil de manera gratuita, conforme a la normativa vigente y en función de la situación de emergencia. Esta decisión busca remover obstáculos administrativos y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad, especialmente para quienes perdieron sus documentos o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
La implementación de estas medidas se suma a otras acciones adoptadas por el Estado colombiano para mitigar el impacto del sismo, como la extensión de plazos tributarios y la suspensión de procedimientos aduaneros en municipios afectados, tal como se informó en la cobertura sobre la postergación de plazos fiscales tras el sismo.
Alcance institucional y limitaciones
La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene su capacidad operativa en los territorios afectados y coordina con autoridades locales para asegurar la continuidad de los servicios. Sin embargo, la magnitud de la emergencia y las condiciones logísticas pueden generar demoras o limitaciones en la atención, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. La entidad reiteró su compromiso con la protección del derecho a la identificación y la restitución de documentos como parte del proceso de recuperación social y administrativa.
En el contexto de una emergencia pública, las autoridades pueden adoptar medidas excepcionales para garantizar derechos fundamentales y facilitar el acceso a servicios esenciales. Estas disposiciones suelen tener carácter transitorio y se aplican en función de la gravedad de la situación, la afectación territorial y la capacidad institucional disponible. La gratuidad de los trámites y la flexibilización de requisitos buscan evitar que la pérdida de documentos o la imposibilidad de cumplir plazos legales agraven la situación de las personas damnificadas.
