María Corina Machado cuestionó que el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos sea firmado por autoridades que considera ilegítimas y reclamó garantías de transparencia y legalidad para inversiones de largo plazo en el sector energético venezolano
El reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, anunciado como un avance estratégico para la explotación de 17 yacimientos con un potencial de 65.000 millones de barriles, quedó bajo la lupa tras la intervención pública de María Corina Machado. La dirigente opositora venezolana advirtió que la legitimidad del pacto está en entredicho mientras sea rubricado por autoridades que, según su visión, carecen de reconocimiento democrático y estabilidad institucional.
Cuestionamientos a la legitimidad del acuerdo
Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre, sostuvo que la firma del acuerdo por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y funcionarios del actual gobierno no garantiza condiciones de transparencia ni seguridad jurídica para inversiones de largo plazo. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la exdiputada remarcó que el patrimonio petrolero venezolano "no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano", y advirtió sobre el riesgo de comprometer recursos estratégicos sin un marco institucional sólido.
La líder opositora también señaló que los anuncios recientes generaron preocupación entre la ciudadanía por las implicancias para el futuro del país. Según Machado, la exclusión de actores democráticos en la negociación profundiza el malestar social y revive la sensación histórica de decisiones tomadas sin consulta popular.
Detalles del acuerdo y actores involucrados
El acuerdo, firmado el 31 de agosto de 2026 por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), prevé que Estados Unidos adquiera el 20 % de la producción petrolera venezolana a precios de costo. El presidente Donald Trump calificó el entendimiento como "histórico" y destacó la oportunidad de fortalecer la relación bilateral en materia energética.
Sin embargo, la oposición venezolana, que desconoce los resultados de las elecciones de 2024 y sostiene que Edmundo González fue el verdadero ganador, considera que el gobierno actual carece de legitimidad para comprometer recursos nacionales. La captura de Nicolás Maduro en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada profundizaron la controversia institucional.
Reclamos de transparencia y condiciones para inversiones
Machado insistió en que cualquier asociación internacional en el sector petrolero debe regirse por principios de transparencia, legalidad y eficiencia, y que solo un gobierno democrático puede ofrecer garantías reales a inversores y trabajadores. En su mensaje, repasó los cinco pilares de su propuesta energética: marco legal transparente, institucionalidad técnica, licitaciones públicas, régimen fiscal competitivo y seguridad jurídica con arbitraje internacional.
La dirigente subrayó que Estados Unidos es un socio estratégico para el desarrollo del sector, pero advirtió que la interlocución con el actual gobierno no asegura estabilidad ni confianza para el mercado. Además, remarcó que el verdadero valor de Venezuela reside en su población y en la defensa de la libertad, más allá de los recursos naturales.
Contexto político y reacción internacional
El presidente Trump declaró que Venezuela "todavía no está preparada" para elecciones, aunque expresó su expectativa de que se realicen pronto. Afirmó mantener una relación cordial con el gobierno de Delcy Rodríguez y elogió su gestión. Mientras tanto, la oposición venezolana continúa reclamando reconocimiento internacional para sus denuncias y exige garantías de participación democrática en las decisiones estratégicas.
En el escenario regional, la controversia sobre la legitimidad de los acuerdos firmados por gobiernos en disputa institucional no es nueva. Casos recientes, como el debate sobre la representación política y la legitimidad de origen, han sido abordados en otras coberturas de la región, como reportado anteriormente en el contexto colombiano.
En el ámbito internacional, la firma de acuerdos de explotación de recursos naturales suele requerir no solo la aprobación formal de las autoridades en ejercicio, sino también el reconocimiento de legitimidad por parte de la comunidad internacional y de los actores económicos involucrados. La transparencia, la legalidad y la estabilidad institucional son condiciones clave para la viabilidad de inversiones de largo plazo en sectores estratégicos como el petróleo. La ausencia de consenso político interno y la falta de garantías democráticas pueden limitar el alcance y la sostenibilidad de estos acuerdos, afectando tanto a la población local como a los intereses de los socios internacionales.
