La Policía Federal de Brasil investiga tres intentos fallidos de contratos en el Ministerio de Salud vinculados a medicamentos de cannabis, diagnósticos y laboratorios, con la participación de Lulinha y otros actores, sin avances confirmados
La Policía Federal de Brasil lleva adelante una investigación sobre tres intentos de concretar contratos en el Ministerio de Salud que involucraron al empresario Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, a Camilo Antunes, apodado Careca do INSS, y a la empresaria Roberta Luchsinger. Según los documentos judiciales, las tratativas incluyeron la posible venta de medicamentos a base de cannabis por 627 millones de reales, la provisión de tests de diagnóstico para dengue y otras arbovirosis, y la promoción de acuerdos productivos con la empresa pública Iquego, de Goiás. Ninguna de estas iniciativas llegó a concretarse ni avanzó en el circuito administrativo del ministerio.
Alcance de la investigación
De acuerdo con la información oficial, la Policía Federal sostiene que Lulinha habría actuado en conjunto con Roberta Luchsinger, quien aparece como intermediaria en las gestiones, y que el hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sería beneficiario indirecto de las acciones. La investigación también señala que Roberta Luchsinger pagó 217 mil reales en gastos de tarjeta de crédito y otras erogaciones a Marco Aurélio Ribeiro, ex jefe de gabinete de Lula, durante 2024, en el mismo período en que se planificaban las operaciones comerciales. Las defensas de los involucrados niegan irregularidades y cuestionan la filtración de información, mientras que el Ministerio de Salud aclaró que ninguna de las propuestas tuvo trámite ni impacto en las compras públicas, que se rigen por licitaciones abiertas.
Medicamentos de cannabis y diagnósticos
El eje principal de la pesquisa es la tentativa de vender medicamentos a base de cannabis al Estado nacional. Según la Policía Federal, Roberta Luchsinger y Careca do INSS se reunieron en marzo de 2024 con Swedenberger Barbosa, entonces secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, para presentar un plan de regularización de productos. El funcionario indicó que la competencia correspondía a la Anvisa, la agencia reguladora. Posteriormente, Roberta envió borradores de documentos a Marco Aurélio Ribeiro, quien declaró no haberlos remitido al ministerio. La propuesta preveía que el Estado centralizara la compra de 1,2 millones de frascos a través de cuatro empresas, entre ellas WorldCann, propiedad de Careca do INSS. Sin embargo, el gasto anual del ministerio en canabidiol es mucho menor, y la mayor parte de las compras se realiza por orden judicial en provincias y municipios.
Laboratorios y acuerdos productivos
Otra línea de la investigación apunta a las gestiones para aprobar acuerdos productivos con Iquego, el laboratorio público de Goiás, donde Camilo Antunes fue director comercial hace más de una década. Los documentos no detallan los proyectos específicos, pero la empresa informó que no detectó irregularidades tras una auditoría interna. El informe de gestión de Iquego de 2025 indica que se presentaron al menos 25 proyectos de transferencia tecnológica, todos rechazados por el área técnica del Ministerio de Salud. Además, la Policía Federal menciona un pago de 500 mil reales de WorldCann a Manoel Arruda, suplente de la senadora Damares Alves, quien declaró haber devuelto el dinero tras una investigación judicial sobre fraudes en jubilaciones.
Limitaciones y contexto institucional
El Ministerio de Salud de Brasil reiteró que ninguna de las iniciativas investigadas tuvo curso administrativo ni generó compras efectivas, y que los procedimientos de adquisición se realizan mediante licitaciones públicas. La investigación se encuentra en etapa preliminar y no existen imputaciones formales ni condenas. En el contexto de la administración pública brasileña, los contratos estatales están sujetos a controles multilaterales y a la intervención de organismos como la Anvisa y los tribunales de cuentas. En paralelo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado reformas en el área de seguridad y justicia, como se informó en la cobertura sobre la propuesta de crear un nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (ver detalles sobre la agenda de reformas institucionales).
En Brasil, la presunción de inocencia es un principio constitucional que garantiza que toda persona investigada o acusada no puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia firme dictada por el Poder Judicial. Las investigaciones preliminares, como la que lleva adelante la Policía Federal en este caso, no implican imputaciones ni determinan responsabilidades penales, y su avance depende de la recolección de pruebas y del control de legalidad por parte de los tribunales competentes.
