• 4 min de lectura
  • Publicado

La Justicia de Río de Janeiro decretó la quiebra del Grupo Refit

Camila Suárez Analista de políticas públicas Agencia La Provincia

Por Camila Suárez

La Justicia de Río de Janeiro decretó la quiebra del Grupo Refit Agencia La Provincia © agencialaprovincia.info
La Justicia de Río de Janeiro decretó la quiebra del Grupo Refit © agencialaprovincia.info

El tribunal comercial de Río de Janeiro declaró la quiebra de las empresas del Grupo Refit, que estaban en proceso de recuperación judicial y mantenían deudas tributarias con el Estado.

El 30 de julio de 2026, la 5ª Vara Empresarial de Río de Janeiro resolvió declarar la quiebra de las principales empresas que integran el Grupo Refit, luego de constatar el incumplimiento de obligaciones tributarias y la falta de avances en el proceso de recuperación judicial. La decisión fue adoptada por el juez Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira, quien dispuso la conversión del proceso de recuperación en quiebra para las firmas Gasdiesel Serviços, Distribuidora S.A., Química S/A y Refinaria de Petróleos Manguinhos, con sedes en distintos municipios de Brasil.

Alcance de la decisión judicial

La resolución judicial afecta a empresas con operaciones en Duque de Caxias, Manguinhos, Campinas y la Avenida Brasil, todas vinculadas al sector de hidrocarburos y derivados. El fallo establece que las compañías deberán presentar en un plazo máximo de cinco días la nómina completa de acreedores y la documentación relevante al administrador judicial designado. Además, se ordenó el bloqueo inmediato de todas las cuentas bancarias de las empresas declaradas en quiebra y se solicitó a la Receita Federal el acceso a las últimas declaraciones de Impuesto a las Ganancias y a los registros de operaciones inmobiliarias.

Administración y control del proceso

El juez mantuvo como administrador judicial al estudio jurídico de Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende, con sede en el centro de Río de Janeiro, encargado de supervisar el proceso de liquidación y resguardo de activos. La medida busca garantizar la transparencia en la gestión de los bienes y la protección de los derechos de los acreedores, en un contexto de deudas fiscales acumuladas con el Estado de Río de Janeiro. El proceso judicial continuará bajo la supervisión de la 5ª Vara Empresarial, que deberá evaluar los informes periódicos y las eventuales impugnaciones de los acreedores.

Impacto sobre acreedores y trabajadores

La declaración de quiebra implica la suspensión de las actividades ordinarias de las empresas y la apertura de un proceso de liquidación de activos para afrontar las deudas pendientes. Los acreedores, tanto fiscales como comerciales, deberán inscribirse en el expediente para hacer valer sus créditos, mientras que los trabajadores podrán reclamar los salarios e indemnizaciones adeudadas conforme a la legislación vigente. La situación genera incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo y el destino de las instalaciones industriales, en un contexto económico desafiante para el sector energético brasileño.

Contexto regional y antecedentes

La quiebra del Grupo Refit se produce en un escenario de dificultades financieras para varias empresas del sector energético en Brasil, marcado por deudas tributarias y procesos judiciales complejos. En la región, la gestión de emergencias empresariales y la protección de los derechos de los acreedores han sido objeto de atención, como ocurrió recientemente con el envío de ayuda humanitaria a Junín tras un sismo, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú en una cobertura previa de Agencia La Provincia. Estos antecedentes muestran la importancia de los mecanismos institucionales para afrontar crisis empresariales y sociales en América Latina.

En el sistema judicial brasileño, la declaración de quiebra es una medida adoptada cuando una empresa en recuperación judicial no logra cumplir con sus compromisos financieros ni presentar un plan viable de pago a los acreedores. El proceso de quiebra implica la intervención de un administrador judicial, la liquidación de activos y la distribución de los fondos obtenidos entre los acreedores según el orden de prelación legal. La medida puede ser apelada, pero mientras tanto, las operaciones de la empresa quedan bajo control judicial y se suspenden los actos de disposición de bienes sin autorización del tribunal.

Publicaciones relacionadas