El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro confirmó la quiebra de Oi, la mayor operadora de telecomunicaciones de Brasil, tras años de crisis financiera y dos procesos de recuperación judicial. El futuro de sus servicios y el pago a acreedores quedan sujetos a nuevas decisiones judiciales.
El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro resolvió el 25 de junio de 2026 la quiebra de Oi, la principal empresa brasileña de telecomunicaciones, luego de más de una década de dificultades financieras y dos procesos de recuperación judicial. La decisión, adoptada por unanimidad, marca el cierre de un ciclo iniciado en 2008 con la fusión de Telemar y Brasil Telecom, que había contado con respaldo del gobierno federal para crear una operadora nacional capaz de competir con multinacionales del sector.
El proceso judicial y las causas de la quiebra
La quiebra de Oi fue confirmada tras la evaluación de los informes presentados por los administradores judiciales, que señalaron la imposibilidad de revertir la situación financiera de la compañía. Entre los factores determinantes se encuentran el crecimiento acelerado, problemas de gestión y adquisiciones fallidas, como la compra de Portugal Telecom, que incrementaron la deuda del grupo. Desde 2016, Oi vendió activos por más de 20.000 millones de reales para intentar cumplir con sus obligaciones, pero no logró estabilizar su flujo de caja ni garantizar la continuidad de sus operaciones principales.
Impacto en los servicios y subsidiarias
La liquidación de Oi afecta a sus principales líneas de negocio, incluyendo telefonía fija, banda ancha, televisión por suscripción y redes de fibra óptica. Solo permanece en actividad Oi Soluções, el segmento de servicios tecnológicos y de conectividad para empresas, que mantiene contratos con organismos públicos y privados, como Caixa Econômica Federal y Correios. Sin embargo, el futuro de estos servicios es incierto, ya que la Justicia deberá decidir si la unidad puede ser vendida o si continuará operando bajo administración judicial. En junio, la empresa intentó subastar Oi Soluções por 1.400 millones de reales, pero no recibió ofertas.
Deudas, activos y disputa entre acreedores
Al momento de la declaración de quiebra, Oi registraba una deuda bruta estimada en 11.000 millones de reales y contaba con apenas 19,6 millones en caja, según los últimos reportes judiciales. La mayor parte de los recursos provino de la venta de activos, ya que la empresa había dejado de generar ingresos significativos por sus operaciones. La Justicia deberá definir cómo se distribuirán los activos remanentes entre los acreedores, en un escenario donde los pasivos superan ampliamente los bienes disponibles. Esta situación anticipa litigios entre los distintos grupos de acreedores, especialmente aquellos con títulos emitidos en el exterior.
Contexto regional y antecedentes en el sector
La quiebra de Oi se produce en un contexto de transformaciones en el sector de telecomunicaciones de América Latina, donde varias empresas han enfrentado procesos de reestructuración y venta de activos para afrontar deudas. En otros países de la región, como Venezuela, también se han registrado cambios regulatorios que afectan a empresas y usuarios, como la reciente eliminación de la fecha de vencimiento del RIF por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, medida que impacta en los trámites tributarios de personas y compañías (más detalles sobre la modificación del RIF en Venezuela).
En el ámbito judicial brasileño, la declaración de quiebra implica la intervención directa del tribunal en la administración de los activos y la supervisión de los pagos a acreedores. La medida no es definitiva hasta que se agoten los recursos disponibles, pero en la práctica significa la liquidación ordenada de la empresa y la posible extinción de sus operaciones, salvo excepciones autorizadas por la Justicia. El proceso puede extenderse durante varios años, dependiendo de la complejidad de los activos y la cantidad de acreedores involucrados.
