La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México prorrogó el registro obligatorio de líneas celulares, pero dejó en manos de las empresas la tarea de informar y promover el trámite, sin una estrategia oficial definida para alcanzar a los usuarios pendientes.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México resolvió modificar los lineamientos del registro nacional de líneas celulares y otorgó una prórroga de 184 días para completar la vinculación de números aún no registrados. La decisión, formalizada a fines de junio de 2026, busca evitar la desconexión de hasta 98 millones de líneas que, según datos oficiales, permanecían sin registrar al 25 de junio. Sin embargo, la nueva etapa del proceso traslada la responsabilidad operativa a las empresas de telefonía, que deberán notificar a los usuarios sobre los plazos y consecuencias, sin que el organismo haya definido una estrategia pública de alcance masivo.
La medida y sus alcances
La prórroga establecida por la CRT responde a la baja adhesión registrada en la primera etapa del padrón, que fijaba como fecha límite el 30 de junio de 2026. Según cifras oficiales, solo el 39,1% de las líneas -equivalente a 63 millones de registros- habían completado el trámite, mientras que 98 millones de líneas seguían pendientes. El nuevo esquema asigna fechas límite diferenciadas según el último dígito del número, distribuidas entre agosto y diciembre, con el objetivo de facilitar la gestión escalonada y evitar la suspensión masiva de servicios.
Responsabilidad de las operadoras
En los lineamientos actualizados, la CRT instruyó a las empresas de telefonía a enviar mensajes de texto (SMS) a los usuarios, informando sobre la proximidad de la fecha límite y advirtiendo sobre la suspensión inminente en caso de incumplimiento. Los mensajes deberán incluir la leyenda oficial y un enlace para completar el registro. Una vez vencido el plazo individual, las operadoras deberán notificar la suspensión en un plazo de 72 horas. No se establecieron otras acciones de difusión o acompañamiento institucional, lo que deja en manos de las empresas la ejecución práctica de la política.
Cuestiones pendientes y críticas
Especialistas en telecomunicaciones y fuentes del sector señalaron que la estrategia definida por la CRT resulta insuficiente para revertir las dificultades de la primera etapa. Entre los principales obstáculos identificados figuran la falta de campañas informativas previas, la ausencia de una justificación clara sobre el uso y resguardo de los datos personales, y la existencia de criterios dispares entre operadoras para la toma de datos biométricos. Además, persisten dudas sobre la validación de líneas sin consentimiento expreso y sobre la protección de los derechos de los usuarios, aspectos que no fueron abordados en los nuevos lineamientos.
Impacto en los usuarios y plazos
La falta de una estrategia oficial de comunicación y la delegación de la gestión a las empresas generan incertidumbre entre los usuarios, especialmente en los segmentos de prepago, que concentran la mayor cantidad de líneas pendientes. Si bien la CRT informó que los datos de avance se encuentran en proceso de actualización, la magnitud del universo no registrado plantea el riesgo de desconexión para millones de personas si no se logra revertir la tendencia. A diferencia de la etapa inicial, en la que los usuarios podían elegir el momento del trámite, el nuevo calendario impone fechas fijas según el número, lo que podría dificultar el cumplimiento para quienes no reciban información adecuada.
El registro nacional de líneas celulares es una política pública que busca identificar a los titulares de los servicios y asociar cada número a una persona física, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir delitos vinculados al uso anónimo de celulares. Sin embargo, la implementación requiere equilibrar la protección de datos personales y los derechos de los usuarios con la necesidad de control estatal. La ausencia de una estrategia integral de comunicación y acompañamiento institucional puede limitar el alcance efectivo de la medida y afectar la continuidad del servicio para quienes no completen el trámite en los plazos establecidos.
