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El gobierno de Brasil propone un presupuesto récord para infraestructura en 2027

Manuel Garretón Analista político latinoamericano Agencia La Provincia

Por Manuel Garretón

El gobierno de Brasil propone un presupuesto récord para infraestructura en 2027 Agencia La Provincia © agencialaprovincia.info
El gobierno de Brasil propone un presupuesto récord para infraestructura en 2027 © agencialaprovincia.info

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso por el gobierno de Brasil prevé asignar más de 102 mil millones de reales al Nuevo PAC, con énfasis en rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, aunque la aprobación final dependerá del Parlamento

El gobierno federal de Brasil presentó al Congreso un proyecto de presupuesto para 2027 que busca marcar un punto de inflexión en la inversión pública en infraestructura. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Planejamento e Orçamento, asigna 102,1 mil millones de reales al Nuevo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), con una distribución que prioriza rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos en todo el país. Sin embargo, el monto definitivo y la ejecución de las obras dependerán de la aprobación parlamentaria y de la capacidad de transformar los créditos en proyectos concretos.

Asignación de fondos y prioridades

El documento oficial enviado a fines de agosto detalla que la mayor parte de los recursos se destinaría a la red vial federal no concesionada, con 11,9 mil millones de reales previstos para 2027. De ese total, 8 mil millones se orientan a conservación y restauración de rutas existentes, mientras que 3,9 mil millones financiarían nuevas obras y ampliaciones de capacidad. El plan incluye la pavimentación de más de 20.800 kilómetros, la adecuación de 8.924 kilómetros y la construcción de 11.905 kilómetros adicionales, además de la ejecución de 25 puentes y un viaducto.

Entre las rutas identificadas como prioritarias figuran la BR-381 en Minas Gerais, la BR-116 y la BR-290 en Rio Grande do Sul, la BR-304 en Rio Grande do Norte, la BR-267 en Mato Grosso do Sul y la BR-230 en Pará. La mayor parte de los fondos, sin embargo, se destina al mantenimiento y recuperación de la infraestructura existente, en línea con la necesidad de garantizar la transitabilidad y la seguridad vial en los principales corredores logísticos del país.

Ferrocarriles, puertos y aeropuertos

El presupuesto proyectado para el sector ferroviario es de 433,8 millones de reales, una cifra considerablemente menor que la destinada a rutas, pero que incluye obras estratégicas como la Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), la Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) y la Transnordestina. La FIOL 2, en el tramo entre Caetité y Barreiras (Bahía), prevé la finalización de 485 kilómetros, de los cuales 345 ya están en ejecución o concluidos, con horizonte de finalización en 2027. La FICO, entre Mara Rosa (Goiás) y Porto Velho (Rondônia), contempla 2.304 kilómetros, con 383 en ejecución o terminados. La Transnordestina mantiene como meta la conclusión del tramo Salgueiro-Suape (526 kilómetros) para 2030.

En materia portuaria y de hidrovías, el PLOA prevé 957,5 millones de reales, de los cuales 908,2 millones se destinan a obras y mantenimiento portuario y 6,3 millones a dragado. Entre los proyectos destacados figuran la ampliación del Puerto de Suape, la readecuación del Puerto de Recife, intervenciones en Cabedelo y dragado en el Puerto de Fortaleza. En el Norte, se proyecta la expansión del Terminal Fluvial de São Raimundo, la construcción del Puerto de Manaus Moderna y mejoras en la Hidrovía del Río Tocantins. En el Sur, se prevé el refuerzo estructural del Puerto de Imbituba y obras en la Lagoa Mirim.

El transporte aéreo aparece con una asignación de 210,2 millones de reales, orientados a la modernización operativa, la seguridad de la navegación y la mejora de aeropuertos regionales, incluyendo la construcción del Nuevo Aeropuerto Regional de la Serra Gaúcha.

Limitaciones y proceso legislativo

El Proyecto de Ley de Presupuesto Anual (PLOA) para 2027 es, por ahora, una propuesta sujeta a debate y modificación en el Congreso Nacional. Diputados y senadores podrán ajustar los montos y prioridades antes de la sanción definitiva de la ley. Además, el propio documento advierte que las cifras no deben sumarse de manera directa, ya que algunas partidas pueden estar incluidas en más de una agenda o clasificación presupuestaria. Por ejemplo, el Nuevo PAC aparece tanto en el presupuesto fiscal y de la seguridad social (61,5 mil millones de reales) como en el presupuesto de inversiones (94,96 mil millones), lo que refleja diferentes recortes administrativos y no necesariamente fondos adicionales disponibles.

La ejecución efectiva de las obras dependerá no solo de la aprobación legislativa, sino también de la capacidad de licitación, adjudicación y control de los proyectos. El gobierno federal busca mantener una cartera amplia y diversificada, pero la experiencia reciente muestra que la transformación de créditos presupuestarios en obras terminadas enfrenta desafíos administrativos, técnicos y políticos. En este contexto, la atención sobre la infraestructura brasileña se mantiene alta, especialmente tras episodios que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los corredores logísticos, como se analizó en un análisis previo sobre el impacto de factores externos en la economía regional.

Impacto territorial y sectores involucrados

La distribución de los fondos previstos abarca todas las regiones de Brasil, con proyectos que buscan mejorar la conectividad y la competitividad de sectores productivos clave. El énfasis en rutas y ferrocarriles responde a la necesidad de facilitar el transporte de commodities agrícolas e industriales desde el interior hacia los puertos de exportación. Las inversiones en puertos y aeropuertos regionales apuntan a reducir asimetrías territoriales y fortalecer la integración nacional.

El sector privado, los gobiernos estaduales y municipales, y las empresas estatales vinculadas a la logística y el transporte serán actores centrales en la ejecución y fiscalización de los proyectos. La participación de la Unión en el capital de empresas estatales portuarias, por ejemplo, representa 43 millones de reales del total asignado al sector acuaviario. Aproximadamente el 90% de las exportaciones brasileñas dependen del transporte acuático, lo que subraya la importancia estratégica de las inversiones previstas.

La propuesta presupuestaria también contempla la modernización de la infraestructura aeroportuaria en municipios de las cinco regiones, con el objetivo de mejorar la conectividad interna y la seguridad operacional. Sin embargo, la magnitud de los desafíos técnicos y financieros implica que la concreción de los proyectos dependerá de la articulación entre los distintos niveles de gobierno y de la capacidad de gestión de los organismos responsables.

El Nuevo PAC y la estructura presupuestaria

El Nuevo Programa de Aceleração do Crescimento se mantiene como una de las prioridades del gobierno federal para 2027, con una asignación global que supera los 102 mil millones de reales. No obstante, la estructura presupuestaria del PAC aparece fragmentada en diferentes rubros y clasificaciones, lo que puede dificultar el seguimiento y la evaluación del gasto real. El propio mensaje presidencial advierte sobre la superposición de partidas y la necesidad de interpretar los datos con cautela.

La transparencia en la ejecución y el control de los fondos será clave para evitar desvíos y garantizar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas para la población y la economía. El seguimiento parlamentario y social de la ejecución presupuestaria será determinante para que el ambicioso plan de infraestructura no quede solo en el papel.

En el sistema presupuestario brasileño, la aprobación de un crédito en la ley anual no implica su ejecución automática. El proceso requiere la posterior licitación, adjudicación y control de cada obra, así como la liberación efectiva de los fondos. La ejecución presupuestaria es el indicador que permite medir cuánto del monto aprobado se transforma en gasto real y en obras concretas, una diferencia clave para evaluar el impacto de las políticas públicas en infraestructura.

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