El modelo de expedición de pasaportes en Colombia enfrenta cuestionamientos fiscales y judiciales, con advertencias sobre su sostenibilidad y la continuidad del servicio para la ciudadanía.
El proceso de expedición y producción de pasaportes en Colombia atraviesa una etapa de incertidumbre institucional y financiera. El nuevo esquema, impulsado por el gobierno nacional y gestionado por la Cancillería junto a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, fue objeto de una advertencia formal de la Contraloría General de la República, que identificó riesgos fiscales, operativos y contractuales que podrían afectar la continuidad del servicio.
Advertencias de la Contraloría
Según el informe del organismo de control, las modificaciones recientes en la estructura de costos y los compromisos asumidos a largo plazo incrementan el nivel de riesgo sobre la confiabilidad del sistema. El contrato firmado con la Casa de la Moneda de Portugal prevé ingresos estimados en 225 millones de euros para la empresa europea durante una década, con una proyección anual de 25,5 millones de euros a partir de 2026. La Contraloría cuestionó la supuesta gratuidad en la transferencia de equipos y soporte técnico, al advertir que la obligación de adquirir un volumen mínimo de libretas y el mantenimiento de tarifas fijas en euros compensarían ese costo, lo que podría generar un desfase comercial y comprometer recursos públicos de manera significativa.
Controversia judicial y medidas cautelares
El esquema contractual fue impugnado ante la justicia administrativa. La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había rechazado suspender los pagos previstos a la firma portuguesa, argumentando que frenar las transferencias pondría en riesgo la prestación del servicio. El caso se encuentra actualmente en la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo la responsabilidad del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien debe resolver si corresponde dictar medidas cautelares sobre los desembolsos, que ascienden a 1,3 billones de pesos. La abogada del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexandra Quintero Fajardo, defendió la continuidad del sistema, señalando que la infraestructura anterior fue desmantelada y que una suspensión paralizaría la entrega de pasaportes.
Desacuerdos institucionales y antecedentes
La transición del antiguo contratista privado al nuevo modelo estatal e internacional estuvo marcada por desacuerdos y sanciones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a su exdirector Mariano Ezequiel Barros por una recusación considerada abusiva. Además, ninguna aseguradora privada aceptó cubrir el contrato, por lo que la póliza de cumplimiento quedó a cargo de la aseguradora estatal La Previsora. El Fondo Rotatorio de la Cancillería sostuvo que los eventuales conflictos deberían resolverse en un tribunal de arbitramento internacional, mientras que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en licitaciones previas.
Impacto en la ciudadanía y continuidad del servicio
Actualmente, la expedición de pasaportes continúa bajo la administración de la Imprenta Nacional, aunque la validez del contrato y la legalidad de los pagos permanecen bajo revisión judicial. La incertidumbre sobre la continuidad del servicio afecta a quienes requieren el documento para viajes, trámites migratorios y otras gestiones. En este contexto, la definición del Consejo de Estado será clave para determinar si el esquema vigente se sostiene o si se requieren ajustes contractuales y operativos. Temas vinculados a la gestión de documentos oficiales y servicios públicos han sido objeto de seguimiento en la región, como ocurrió con la definición del cronograma de declaración de renta en Colombia, abordada en una publicación reciente de Agencia La Provincia.
En el ámbito administrativo colombiano, una medida cautelar es una decisión judicial provisional que busca prevenir daños o preservar derechos mientras se resuelve el fondo de una controversia. No implica una sentencia definitiva, pero puede afectar la ejecución de contratos y la prestación de servicios públicos hasta que exista un pronunciamiento firme sobre la validez de los actos cuestionados.
