Cinco integrantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación respaldaron que la investigación sobre Álvaro Uribe por hechos en Antioquia pase de la Fiscalía a la Cámara de Representantes, lo que podría frenar el avance del proceso.
En Colombia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes resolvió respaldar una propuesta para que la investigación penal sobre el expresidente Álvaro Uribe, vinculada a las masacres de El Aro y La Granja y al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, deje de estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación y pase a la órbita de la propia Comisión. La decisión fue apoyada por los cinco congresistas del Pacto Histórico que integran el cuerpo: David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra.
Alcance de la decisión en la Cámara
La Comisión de Acusación, compuesta por 17 miembros, es el órgano constitucional encargado de investigar a altos funcionarios, entre ellos expresidentes. El respaldo a la proposición implica que, de prosperar el traslado, la investigación sobre Uribe quedaría bajo la competencia exclusiva de la Cámara de Representantes, donde históricamente los procesos suelen avanzar con lentitud o quedar archivados. La indagatoria prevista para el 24 de julio fue postergada para el 4 de septiembre, a pedido de la defensa encabezada por el abogado Jaime Granados, quien sostiene que los hechos investigados, aunque ocurrieron en 1996 y 1997, guardan relación con actuaciones posteriores de grupos armados durante la presidencia de Uribe.
Posturas políticas y argumentos
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores del Centro Democrático y del partido de Iván Cepeda, quien ha impulsado investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Antioquia. El presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, también manifestó su apoyo. Sin embargo, Iván Cepeda declaró que se enteró de la situación recientemente y expresó su preferencia por que la Fiscalía conserve la competencia. Por su parte, Gabriel Becerra, cercano a Cepeda, aclaró que la proposición no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Uribe ni busca dilatar el proceso. María del Mar Pizarro optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema.
Implicancias institucionales y críticas
El traslado del expediente a la Comisión de Acusación podría significar que la causa no avance, dada la experiencia previa de ese órgano en investigaciones a altos funcionarios. El abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas, advirtió sobre la posibilidad de acuerdos políticos para garantizar impunidades recíprocas en la Comisión. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, señaló que la Corte Constitucional debe resolver el conflicto de competencia para determinar qué organismo debe continuar conociendo el caso. En el contexto de la política colombiana, la decisión genera debate sobre la eficacia de los mecanismos de control institucional y la protección de los derechos humanos.
El funcionamiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha sido objeto de cuestionamientos por su bajo nivel de avance en causas contra altos funcionarios. En América Latina, la relación entre poderes legislativos y judiciales varía según el país, pero en Colombia la Comisión es el único órgano habilitado para investigar penalmente a expresidentes. En otros temas institucionales, como la economía argentina, la dinámica entre organismos y poderes del Estado también ha sido analizada, como se observa en el artículo sobre la desaceleración de la inflación y el impacto en los salarios, disponible en este análisis de Agencia La Provincia.
En el sistema colombiano, la presunción de inocencia es un principio constitucional que rige hasta que exista una sentencia firme. El traslado de una causa de la Fiscalía a la Comisión de Acusación no implica una definición sobre la responsabilidad penal, sino un cambio en la autoridad competente para investigar. La Corte Constitucional puede intervenir cuando existe un conflicto de competencia entre organismos, y su decisión es vinculante para las partes involucradas.
