En Chile, el abogado de Credicorp denunció que no se recuperó la inversión de US$ 45 millones en el caso Sartor, mientras la fiscalía solicita prisión preventiva para cinco imputados vinculados a operaciones financieras y presunto lavado de activos.
El proceso judicial conocido como caso Sartor sumó un nuevo capítulo el 30 de julio de 2026 en Santiago de Chile, cuando el abogado representante de Credicorp expuso ante el tribunal que la entidad no ha recuperado "ni un solo dólar" de los US$ 45 millones invertidos en operaciones gestionadas por Sartor. La audiencia, correspondiente al cuarto día de formalización, se centró en la solicitud de prisión preventiva para Michael Clark, Carlos Larraín, Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante, quienes son investigados por presuntas irregularidades en la administración de fondos y posibles maniobras de lavado de activos.
Detalles de la denuncia
Durante la audiencia, el abogado de Credicorp argumentó que la falta de devolución de los fondos constituye un perjuicio económico significativo para la entidad financiera. Según la presentación, la inversión original de US$ 45 millones no fue restituida en ningún porcentaje, lo que motivó la insistencia en medidas cautelares más severas para los imputados. La fiscalía respaldó el pedido de prisión preventiva, señalando riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados.
Imputados y acusaciones
Los cinco imputados enfrentan cargos por supuestas operaciones crediticias realizadas en beneficio propio, en detrimento de los intereses de los inversores. La investigación judicial también abarca la posible existencia de una red de lavado de activos vinculada a la arista Azul Azul, lo que amplía el alcance del expediente y la complejidad del caso. Hasta el momento, no se ha dictado sentencia ni se han recuperado los fondos reclamados por Credicorp.
Contexto institucional y antecedentes
El caso Sartor ha generado atención en el sistema financiero chileno y en el ámbito judicial, debido a la magnitud de los montos involucrados y a la participación de actores relevantes del sector. La investigación se desarrolla en paralelo a otros procesos de control y fiscalización sobre operaciones financieras en la región. En este contexto, la reciente emisión del primer CNPJ alfanumérico en Brasil, informada por la Receita Federal y analizada en un reporte sobre cambios en registros empresariales, evidencia la importancia de la trazabilidad y la transparencia en los sistemas de registro y control de personas jurídicas en América Latina.
Medidas cautelares y plazos judiciales
La solicitud de prisión preventiva será evaluada por el tribunal en los próximos días, en función de los elementos presentados por la fiscalía y las defensas. El proceso de formalización continuará con la exposición de pruebas y la definición de eventuales medidas restrictivas para los imputados. La causa permanece en etapa de investigación, sin resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los acusados ni sobre la recuperación de los fondos reclamados.
En el sistema judicial chileno, la formalización es una etapa procesal en la que se comunican oficialmente los cargos a los imputados y se definen las medidas cautelares que pueden aplicarse durante la investigación. La prisión preventiva es una medida excepcional, que solo se concede cuando existen riesgos concretos de fuga, entorpecimiento de la investigación o reiteración delictiva. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia firme.
