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Augusto Cury propone drones en políticas públicas de Brasil

Camila Suárez Analista de políticas públicas Agencia La Provincia

Por Camila Suárez

Augusto Cury propone drones en políticas públicas de Brasil Agencia La Provincia © agencialaprovincia.info
Augusto Cury propone drones en políticas públicas de Brasil © agencialaprovincia.info

El candidato presidencial Augusto Cury presentó un plan que prioriza el uso de drones en seguridad, salud, ambiente y agricultura, aunque sin detallar su implementación ni regulación en Brasil

El uso de drones como herramienta central para la gestión estatal fue la propuesta más destacada del plan de gobierno presentado por Augusto Cury, candidato a la Presidencia de Brasil por Avante. El documento, registrado ante la Justicia Electoral, menciona en 19 ocasiones la incorporación de estos dispositivos en áreas clave como seguridad, economía, salud, ambiente y agronegocio, aunque sin precisar cómo se reglamentarían ni cómo se aplicaría la tecnología en la práctica.

Propuesta y alcance del plan

La iniciativa de Cury plantea que los drones no solo serían utilizados para tareas de vigilancia o prevención del delito, sino que también tendrían un rol en el monitoreo de fronteras, la detección de incendios forestales y el control del desmonte. El plan incluye la idea de incentivar a productores rurales de todos los tamaños a adoptar tecnologías como satélites, sensores, inteligencia artificial y análisis de datos, con el objetivo de aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental.

En el capítulo denominado Agricultura 4.0, el candidato propone políticas de apoyo para la modernización tecnológica de las explotaciones rurales, aunque no se especifican los mecanismos de financiamiento ni los criterios de acceso a estos incentivos. El documento tampoco detalla cómo se garantizaría la protección de datos ni la supervisión estatal sobre el uso de drones en el sector privado.

Alianzas internacionales y tecnología

El plan de Cury incluye la intención de establecer alianzas estratégicas con países como Israel y China para impulsar una "revolución tecnológica" en Brasil. En particular, se menciona la posibilidad de invitar a China a liderar un eje de mecanización ligera, automatización, inteligencia artificial, miniusinas y energía solar rural, con foco en la accesibilidad para pequeños y medianos productores.

Sin embargo, el documento no precisa qué organismos estatales serían responsables de coordinar estas alianzas ni cuáles serían los términos de cooperación tecnológica. Tampoco se aclara si existen acuerdos previos o si la propuesta depende de futuras negociaciones bilaterales.

Limitaciones y vacíos del proyecto

El plan presentado ante la Justicia Electoral carece de detalles sobre la regulación específica del uso de drones en el espacio aéreo brasileño, la protección de la privacidad de las personas y los mecanismos de control estatal. No se informa qué legislación vigente sería modificada ni qué organismos tendrían competencia para fiscalizar el despliegue de la tecnología en áreas sensibles como la seguridad pública o la salud.

Además, el documento no incluye estimaciones presupuestarias, plazos de implementación ni indicadores de impacto previstos. La ausencia de estos elementos limita la posibilidad de evaluar la viabilidad real de la propuesta y su potencial efecto sobre los servicios públicos y la vida cotidiana de la población.

Implicancias para la gestión pública

La apuesta por la incorporación masiva de drones en políticas públicas representa un enfoque novedoso en la campaña presidencial brasileña, pero la falta de definiciones concretas sobre regulación, financiamiento y control estatal deja abiertas cuestiones clave para su ejecución. Sin precisiones sobre cómo se garantizarán la transparencia, la protección de datos y la equidad en el acceso a la tecnología, la propuesta de Augusto Cury se mantiene en el terreno de la declaración de intenciones más que en el de una política pública implementable.

En Brasil, la reglamentación de nuevas tecnologías en el ámbito estatal requiere la intervención de organismos especializados, la aprobación de normas específicas y la articulación entre distintos niveles de gobierno. La experiencia regional muestra que la adopción de innovaciones tecnológicas en la gestión pública depende tanto de la capacidad institucional como de la existencia de marcos regulatorios claros y consensuados.

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