El Gobierno nacional designó a Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de fortalecer la agenda tecnológica y la articulación entre sectores en un contexto de reclamos por financiamiento científico.
El Gobierno de Argentina oficializó el 30 de julio de 2026 la designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Baravalle asume la conducción del área en un contexto de reorganización institucional y demandas crecientes del sector científico por recursos y continuidad de proyectos.
Perfil y trayectoria de la nueva secretaria
Adriana Baravalle cuenta con una formación académica orientada a la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente realiza un doctorado en Ingeniería. Además, dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y lidera synapsIA, una red regional dedicada a la formación y cooperación en inteligencia artificial en América Latina. Su experiencia incluye investigaciones en criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, así como participación en proyectos científicos internacionales.
Alcance institucional y organismos bajo su órbita
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología mantiene bajo su responsabilidad organismos estratégicos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros. Tras la publicación del Decreto 581/26, que modificó el esquema de control sobre organismos y empresas vinculadas a las comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasaron a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria. El área que conducirá Baravalle deberá coordinar la agenda de innovación tecnológica y fortalecer la articulación entre el sector público, el privado y el sistema científico-académico.
Conflictos y demandas en el sector científico
La asunción de Baravalle se produce en un escenario de tensión en el sistema científico nacional, especialmente en el Conicet. En las últimas semanas, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología organizó una movilización en el Obelisco porteño bajo la consigna "Ponete la camiseta", en reclamo por la falta de financiamiento y en rechazo al ajuste presupuestario. El conflicto se profundizó tras la no renovación de 374 becas posdoctorales cuyos contratos vencieron el 31 de julio. Investigadores y profesionales advierten que el recorte de fondos afecta la continuidad de proyectos y limita el ingreso de nuevos científicos, comprometiendo el desarrollo institucional.
Contexto regional y reorganización institucional
La designación de nuevas autoridades en áreas estratégicas de ciencia y tecnología no es exclusiva de Argentina. En América Latina, los procesos de reorganización institucional y los desafíos presupuestarios han sido recurrentes en los últimos años, como se observa en la cobertura de temas vinculados a la gestión de riesgos y emergencias, por ejemplo en la reciente alerta naranja declarada por el volcán Puracé en Colombia. Estos antecedentes muestran la importancia de contar con estructuras estatales sólidas y financiamiento adecuado para responder a demandas científicas y tecnológicas en la región.
El Decreto 730/2026 establece formalmente la designación de la secretaria y delimita sus competencias dentro de la administración pública nacional. En Argentina, los decretos son instrumentos legales que permiten al Poder Ejecutivo adoptar decisiones administrativas, aunque su alcance y vigencia pueden estar sujetos a revisión legislativa o judicial según el marco constitucional vigente.
