Dos legisladoras del estado de Nueva York verificaron en la Riviera Maya la deforestación y la contaminación de ríos subterráneos vinculadas al Tramo 5 del Tren Maya, y reclamaron mayor control ambiental y respeto a normas internacionales
La construcción y operación del Tramo 5 del Tren Maya, que une Cancún con Tulum en el estado mexicano de Quintana Roo, quedó bajo el escrutinio internacional tras la visita de dos legisladoras del estado de Nueva York que constataron daños ambientales directos en la región. La inspección, realizada a fines de julio de 2026, incluyó un recorrido por el sistema de cavernas Aktun T'uyul, donde observaron deforestación y alteraciones en la calidad del agua de los ríos subterráneos.
Inspección internacional en la Riviera Maya
Karines Reyes y Emerita Torres, integrantes de la Asamblea del Estado de Nueva York por los distritos 87 y 85 respectivamente, viajaron a la Riviera Maya para evaluar en terreno los efectos del megaproyecto ferroviario. Ambas representantes, pertenecientes al Partido Demócrata, descendieron al sistema de cavernas y documentaron la presencia de pilotes y estructuras del Tren Maya que atraviesan la red hídrica subterránea, con impactos visibles en la vegetación y el agua.
La visita se enmarca en una agenda de seguimiento a problemáticas ambientales que, según las legisladoras, pueden tener repercusiones globales y sentar precedentes para la gestión de grandes obras de infraestructura en otras jurisdicciones. El caso del Tren Maya fue seleccionado por su escala y por las denuncias previas de organizaciones locales sobre deforestación y contaminación.
Reclamos por controles y estudios independientes
Tras el recorrido, las legisladoras estadounidenses reclamaron la necesidad de garantizar el respeto a los marcos legales nacionales e internacionales de protección ambiental. Señalaron la importancia de realizar estudios de impacto ambiental previos e independientes antes de avanzar con obras de gran magnitud, y subrayaron la aplicación del principio precautorio para evitar daños irreversibles en los ecosistemas.
Las funcionarias también destacaron la falta de diagnósticos independientes sobre las consecuencias del Tramo 5 y advirtieron que la ausencia de controles efectivos puede agravar la situación ambiental en la Península de Yucatán. La demanda de mayor transparencia y participación de la sociedad civil fue uno de los puntos centrales de su evaluación.
Encuentros con autoridades y sociedad civil
Durante su estadía en Playa del Carmen, la delegación neoyorquina mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil que expusieron información sobre la situación socioambiental local. Posteriormente, las legisladoras se reunieron con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para transmitir sus observaciones y solicitar información oficial sobre los controles ambientales implementados en el proyecto.
La agenda institucional continuó en la Ciudad de México, donde las representantes estadounidenses participaron de encuentros con integrantes del Congreso mexicano para intercambiar experiencias sobre legislación ambiental y mecanismos de control en obras públicas de gran escala.
Consecuencias y desafíos pendientes
El caso del Tren Maya pone en evidencia los desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura en territorios ambientalmente sensibles. La intervención de legisladoras extranjeras refuerza la dimensión internacional del debate y la necesidad de mecanismos de control que trasciendan las fronteras nacionales, especialmente cuando existen riesgos para recursos hídricos compartidos o ecosistemas de valor global.
En México, la evaluación ambiental de grandes obras públicas está regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que exige estudios previos y participación ciudadana. Sin embargo, la implementación efectiva de estos requisitos depende de la transparencia, la independencia de los diagnósticos y la capacidad de control de las autoridades competentes. El principio precautorio, mencionado por las legisladoras, implica adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de daños graves o irreversibles, aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre su magnitud.
