La representante Cathy Juvinao aclaró que los congresistas no pueden administrar fondos donados a cuentas personales tras el terremoto en Colombia, en medio de una denuncia judicial que investiga la trazabilidad de los recursos.
La controversia por la recaudación de fondos privados para asistir a víctimas del reciente terremoto en Colombia llegó al Congreso, luego de que la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, se pronunciara sobre la denuncia presentada contra el legislador Óscar Benavides. El caso, que involucra la solicitud de donaciones a una cuenta personal vinculada a un aliado político, abrió el debate sobre los límites legales y éticos en la administración de recursos solidarios por parte de funcionarios públicos.
La denuncia y el pedido de investigación
El origen del caso se remonta a la denuncia presentada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por Daniel David Martínez, egresado de derecho, quien solicitó esclarecer la trazabilidad jurídica, bancaria y contable de la colecta impulsada por Óscar Benavides, del Movimiento Libres, y su equipo legislativo. Martínez pidió que se determine quién recibió los fondos, bajo qué título, si existió autorización para utilizar cuentas personales, el monto exacto recaudado, su destino y los mecanismos de control aplicados.
Declaraciones de Benavides y postura de Juvinao
Óscar Benavides afirmó que la campaña solidaria permitió reunir más de 300 millones de pesos, destinados a familias afectadas en el Chocó y otras regiones. Sin embargo, Cathy Juvinao advirtió que la condición de congresista no habilita a administrar informalmente dinero de terceros. Según la legisladora, los parlamentarios pueden promover la solidaridad y convocar a la ciudadanía, pero no deben recibir ni gestionar fondos en cuentas privadas, ya que esto compromete la transparencia y la confianza pública.
Implicancias legales y rol de la Corte Suprema
Juvinao remarcó que la denuncia no implica culpabilidad y que corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar si existen elementos para abrir una investigación formal por posibles delitos como captación masiva y habitual de dinero, estafa o peculado por apropiación. La representante subrayó la importancia de que las donaciones sean canalizadas a través de organizaciones legalmente constituidas, con mecanismos de control y rendición de cuentas, para garantizar la trazabilidad y el uso adecuado de los recursos.
Transparencia y antecedentes regionales
El debate sobre la administración de fondos solidarios por parte de funcionarios públicos no es exclusivo de Colombia. En otros países de la región, la gestión de donaciones tras emergencias ha sido objeto de regulaciones específicas y controles institucionales. Por ejemplo, en el contexto del reciente terremoto, el gobierno de México coordinó el envío de ayuda humanitaria a Colombia a través de canales oficiales, como se informó en una cobertura previa de Agencia La Provincia, evitando la utilización de cuentas personales para la recepción de fondos.
La presunción de inocencia es un principio fundamental en los procesos judiciales de América Latina. En casos de denuncias contra funcionarios, corresponde a los tribunales determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación formal, sin que la sola presentación de una denuncia implique responsabilidad penal. La transparencia en la administración de recursos públicos y privados es un eje central para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
