El senador Alejandro Aguinaga explicó su respaldo al salvoconducto otorgado a Betssy Chávez, señalando que la medida favorece la integración latinoamericana y la reanudación de relaciones diplomáticas entre Perú y México.
El senador Alejandro Aguinaga, integrante de Fuerza Popular, se refirió públicamente a su cambio de posición respecto al salvoconducto concedido a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana condenada a más de 11 años de prisión por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. La decisión de permitir la salida de Chávez hacia México, tras su asilo diplomático en la embajada mexicana en Lima, fue adoptada por el gobierno de Perú el viernes 26 de julio de 2026, luego de semanas de tensión bilateral.
Decisión del gobierno y contexto diplomático
El otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez fue autorizado por la presidenta Keiko Fujimori, en acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la solicitud formal de asilo presentada por el gobierno de México. La medida se produjo en un contexto de crisis diplomática, luego de que el Congreso peruano, con apoyo de la bancada fujimorista, aprobara en noviembre de 2025 una moción para declarar persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El conflicto se originó por el ingreso de Chávez a la sede diplomática mexicana y la negativa inicial de Perú a conceder el salvoconducto, lo que derivó en la suspensión de relaciones y afectó la cooperación bilateral.
Argumentos de Aguinaga y repercusiones políticas
Aguinaga justificó su respaldo a la nueva postura oficial señalando que las circunstancias políticas y diplomáticas evolucionaron en los últimos meses. Según el senador, la decisión de facilitar la salida de Chávez permitió retomar el diálogo con México y fortalecer la integración latinoamericana, en línea con los objetivos del gobierno peruano. El legislador destacó que México es un socio relevante para Perú en materia cultural, económica e histórica, y que la resolución del conflicto diplomático favorece la participación activa del país en la Alianza del Pacífico y otros espacios regionales.
Impacto en la integración regional y relaciones bilaterales
La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México fue valorada por Aguinaga como un paso positivo para la estabilidad regional. El senador subrayó que la crisis había generado dificultades en la representación consular y en la cooperación multilateral, y que la normalización permitirá avanzar en proyectos conjuntos y en la agenda comercial del bloque. Además, mencionó que la decisión fue considerada "inteligente y audaz" por parte del Ejecutivo, al priorizar los intereses estratégicos del país y evitar un aislamiento diplomático prolongado.
El rol de la Cancillería y antecedentes recientes
Aguinaga también resaltó el papel desempeñado por el canciller Carlos Espá en la gestión del salvoconducto, valorando la capacidad de la Cancillería para resolver una situación compleja sin ceder ante agravios previos. El proceso de negociación incluyó consultas con organismos internacionales y la revisión de antecedentes similares en la región. En este sentido, la dinámica de asilo diplomático y salvoconductos ha sido objeto de debate en América Latina, como ocurrió en otros episodios recientes que involucraron a exfuncionarios y gobiernos de la región. Para comprender la importancia de la cooperación regional en temas políticos, resulta útil observar cómo otros países han gestionado situaciones de tensión, como se analizó en la cobertura sobre la transición política en Venezuela (ver análisis sobre procesos de diálogo y negociación en la región). El salvoconducto es un instrumento previsto en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, que establece las condiciones para la salida segura de personas asiladas en sedes diplomáticas. Su otorgamiento depende de la aceptación del Estado territorial y suele estar sujeto a negociaciones bilaterales. En el caso de Betssy Chávez, la medida permitió resolver una situación de bloqueo institucional y restablecer canales formales de comunicación entre los gobiernos involucrados, aunque no implica una revisión de la condena judicial ni afecta la vigencia de los procesos penales en curso.
